miércoles, 30 de abril de 2025 01:33
A más de 13 años de la muerte de Liliana Garabadián la jueza Patricia Olmi, directora del juicio popular en el que ventilarán las circunstancias que rodearon su muerte y por lo cual su esposo, en aquel momento, Roberto Barros llega como imputado, fijó para el próximo martes seis de mayo la audiencia de admisión de evidencia. Al tiempo que se fijó para el día 4 de junio el juicio popular en la oficina de gestión de audiencia de juicio por jurado.
Serán partes del proceso popular por el ministerio público fiscal el fiscal de la cámara penal N° 3 Miguel Mauvecín y la fiscal de la causa Jesica Miranda, en tanto que “Lola” la mamá de la víctima será querellante en el juicio con el asesoramiento del abogado Iván Sarquis y estará también el acusado, quién debe responder por el presunto delito de “abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo”, siendo su abogado defensor el Dr. Herman Zalazar.
Cabe señalar que en febrero pasado la jueza directora abrió la audiencia de admisión de evidencia, pero debió posponerla ante los planteos de las partes. El ministerio público con la anuencia de la querella y de la defensa de Barros solicitaron se le realice al imputado la pericia psiquiátrica. Medida que no se había materializado con anterioridad siendo considerada “fundamental” para establecer la comprensión del hecho endilgado por el imputado. En esa misma oportunidad Leonida “Lola” carrizo madre de Liliana había planteado la constitución de actor civil, pero al no prestar conformidad las demás partes desistió de dicha acción.
Finalmente, el mes pasado, el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) sometió a la pericia psiquiátrica al imputado Barros.
Elevado el informe a la jueza de la causa se resolvió fijar la audiencia de admisión de evidencia para el próximo martes.
Hecho
En el año 2012 la familia de Liliana denunció su desaparición y días después su cuerpo fue encontrado sin vida en el departamento Capayán. Si bien en un principio la justicia caratuló la muerte de Liliana por causas naturales “inanición y deshidratación severa” pero, una década después, es decir en el 2022 un informe de Gendarmería Nacional provocó un giro en la causa y la fiscal imputo a Barros, quién estaba constituido en querellante ahora como imputado.