jueves, 1 de mayo de 2025 00:00
El presidente del bloque oficialista en Diputados, Gustavo Aguirre, rechazó las críticas de la oposición sobre el proceso establecido por ley para designar a Dalmacio Mera en el cargo de Defensor del Pueblo. Es que, explicó, el decreto del gobernador Raúl Jalil precisamente modifica la normativa vigente para que “la designación del Defensor del Pueblo sea igual a la que se exige para designar un miembro de la Corte de la Justicia o al presidente o miembros del Tribunal de Cuentas”. Dicho de otra forma, que la designación no quede en manos de la Legislatura sino del Ejecutivo con acuerdo “de las dos terceras partes del Senado”.
En diálogo con Radio El Esquiú, el legislador oficialista también comentó que se la Defensoría seguirá “dentro de la órbita del poder legislativo como existe hasta el momento y se establece que la Comisión Bicameral que prevé la ley vigente, en vez de tener la función de designar o de promover o promocionar a los candidatos, tenga la función de controlar y hacer justamente el seguimiento de las actividades que hace el Defensor del Pueblo”. El diputado recordó que la ley provincial data del 2011 y señaló que desde entonces no se pudo arribar a “los consensos necesarios para poder constituir y designar a un defensor del pueblo”.
“El mecanismo de designación es muy complejo y obliga a la necesidad de generar consensos que ni la tradición jurídica, política, institucional de nuestro país la tiene y tampoco los tiempos políticos que venimos viviendo desde hace una década o más en la Argentina y en la provincia, ya que cuesta realmente alcanzar consensos” fundamentó Aguirre los motivos por los cuales se avanzó con los cambios en la normativa.
Así las cosas, el legislador aludió a la desintegración del ENRE, ente que formará parte de la Defensoría. Para el caso, subrayó la importancia de que “realmente la Catamarca pueda contar con un Defensor del Pueblo y dentro de esa figura poder concentrar distintos competencias de órganos que antes estaban distribuidos en otras áreas, como por ejemplo la defensa de los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos de los usuarios ante las empresas de servicios públicos y también, por qué no, la defensa de los intereses de los sectores vulnerables como pueden ser los niños, niñas y adolescentes”.