Se abre la discusión por el Impuesto a los Combustibles

En el Senado se presentó una nueva propuesta para abrir el debate sobre la distribución de los recursos que se perciben por el Impuesto a los Combustibles. El salteño Sergio ‘Oso’ Leavy propuso que se haga un nuevo esquema de distribución, pensando en que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires reciban más fondos con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las rutas. En marzo, el senador catamarqueño Guillermo Andrada había presentado una propuesta similar.

Leavy propone modificar el artículo 19 de la Ley 23966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para asignar mayores recursos a las provincias y traspasarles el 13,54% del impuesto que en los términos actuales corresponden a Vialidad Nacional, y el 4,31% que debería usarse para infraestructura hídrica. En la última sesión del Senado, el salteño señaló que “por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación”. “La plata está, pero no aparece. Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería de haber ascendido a $618.964 millones de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $309.482 millones, pero solo se transfirió poco más de un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones. ¿A dónde está yendo a parar todo ese dinero, sino es a las rutas?”, criticó el legislador de Unión por la Patria.

En marzo, el senador nacional Guillermo Andrada (del bloque Convicción Federal, aliado a UP) presentó un proyecto similar: propuso que las provincias pasen a repartirse el 42,84% de los recursos, en lugar del 10,4% que distribuyen actualmente. Para hacerlo, sugirió un esquema distinto de la distribución de esos recursos.

La ley vigente establece que el producido de los impuestos de las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diesel oil y kerosene se distribuye de la siguiente manera: 10,40% al Tesoro Nacional y 10,40% a las Provincias; y el 79,2% restante se distribuye en un 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; y 2,55% a la Compensación Transporte Público. Lo que propuso Andrada, en conjunto con el senador riojano Fernando Rejal, es mantener el porcentaje destinado al Tesoro Nacional, al FONAVI y al Sistema Único de Seguridad Social, pero reducir al 1% lo destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (o sea, rebajarlo en un 27,58%), reducir al 1% el porcentaje correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (rebajarlo un 3,31%) y reducir al 1% lo destinado a la Compensación de Transporte Público que se reduce (rebajarlo en un 1,55%).

Por otra parte, Andrada propuso que el 60% de los recursos que le correspondan a cada provincia sean destinados a los organismos de Vialidad; el 30% con afectación a obras de infraestructura de energía eléctrica y/u obras públicas y el 10% restante será destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

Los proyectos toman especial relevancia en el contexto de la caída de los recursos coparticipables, que se suma a otros recortes del Gobierno nacional por la suspensión, disolución o subejecución de los fideicomisos. Hoy, en el CFI, los gobernadores se reunirán en busca de una solución para morigerar la caída del 26% en los recursos provinciales, que si bien era esperada, no lo era en esa magnitud.