El Gobierno nacional dispuso la gratuidad de habilitaciones y registros para los centros de salud y el personal sanitario en todo el país. La medida, oficializada a través de la Resolución 1938/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, alcanza a una serie de trámites esenciales como certificaciones, matriculaciones y autorizaciones vinculadas al funcionamiento del sistema de salud.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud, la disposición busca eliminar barreras económicas que dificultan la apertura, la regularización o la expansión de servicios de salud. El nuevo esquema apunta especialmente a beneficiar a pequeños prestadores, centros comunitarios, unidades de atención primaria y establecimientos de salud mental.
La cartera conducida por Mario Lugones explicó que esta política permitirá que los recursos que antes se destinaban al pago de aranceles puedan ahora ser utilizados para mejorar la infraestructura y la calidad de atención en los centros de salud.
La resolución deja sin efecto la Resolución 3314/2023, que había fijado los aranceles para estos trámites. A partir de ahora, quedan incluidos dentro de la gratuidad procedimientos como la habilitación de centros médicos, consultorios, clínicas, laboratorios y dispositivos de salud mental. También serán gratuitos las certificaciones administrativas, las matriculaciones y reinscripciones de profesionales de la salud y las autorizaciones regulatorias solicitadas por el Ministerio.
Los trámites sin costo aplican únicamente a aquellos iniciados a partir de la entrada en vigencia de la norma, es decir, desde este jueves 12 de junio. No tendrán efecto retroactivo sobre gestiones anteriores. Por su parte, se mantienen los aranceles vigentes para los trámites realizados ante la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, que incluyen las gestiones relacionadas con el transporte internacional y los controles sanitarios en pasos fronterizos.
Además, la resolución confirma la exención de aranceles que ya se aplicaba a los establecimientos sanitarios públicos de jurisdicción nacional, los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y aquellos que dependen de universidades nacionales.