El diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila, presentó una acción de amparo colectivo en contra de la empresa de Energía de Catamarca SAPEM a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 5540 en lo referente al cobro de ciertas tasas municipales, así como el Decreto N° 787 que ratifica el Convenio Fiscal Municipal y el Decreto Acuerdo N° 1413.
En ese sentido, el legislador apuntó específicamente a las tasas de espacio aéreo y contribución municipal, que en conjunto representan un 14% del costo de la energía en las facturas de los usuarios.
Ávila sostiene que el cobro de estos ítems “resultan ilegales e inconstitucionales”, basándose en una resolución nacional de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, la cual establece que estas tasas son contrarias a la normativa vigente.
El diputado argumentó que el cobro compulsivo de estas tasas, que son trasladadas al usuario, es inaplicable en virtud de la nueva reglamentación nacional. Además, considera que “la imposición de gravámenes municipales sobre un servicio esencial como la energía eléctrica vulnera el principio de igualdad y los derechos fundamentales de los usuarios”.
Ante estos hechos, pidió que, como medida cautelar, se restituya el servicio a aquellos usuarios a quienes se les desconectó la energía por falta de pago.
Subsidio
Paralelamente, el diputado del Frente Amplio Catamarqueño presentó un proyecto de resolución en la Legislatura Provincial, instando al Ejecutivo provincial a elaborar un decreto similar a los implementados en La Rioja y Santiago del Estero para mitigar el impacto de los «brutales incrementos tarifarios» de energía.
En ese sentido, el gobernador Ricardo Quintela de La Rioja emitió un decreto por el cual el Estado provincial absorbe los incrementos del costo de la energía para que no impacten en los usuarios de EDELAR SA. De manera similar, su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, decidió subsidiar el 40% del costo de la tarifa a todos sus usuarios.
Finalmente, Ávila pidió a los legisladores nacionales de la provincia que trabajen en un proyecto de ley que “obligue a las empresas generadoras de energía a justificar sus costos de producción”.