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Editorial
El desfinanciamiento de las políticas de género por parte del gobierno nacional obliga a provincias y municipios a asumir, con presupuesto escaso pero mucho esfuerzo y compromiso, competencias vinculadas a la protección y asistencia de las víctimas de la violencia machista. Loable tarea viene cumpliendo en este contexto Punto Violeta, un espacio creado en el ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, para que las mujeres atravesadas por alguna situación de violencia puedan solicitar ayuda.
Contradiciendo el discurso del gobierno de Javier Milei, que subestima la violencia de género, las estadísticas de Punto Violeta corroboran que el maltrato contra las mujeres es un fenómeno grave que requiere de un abordaje serio y con recursos públicos. Solo en lo que va de 2025, 1689 mujeres fueron asistidas. Un informe publicado por El Ancasti detalla que poco más del 15% de esa cantidad vivieron situaciones clasificadas como de alto riesgo, lo que significa que hubo riesgo de vida. Los datos, proporcionados por Gabriela Molina, secretaria de Mujer, Género y Diversidad de la comuna capitalina, consignan que, además, un promedio de 86 mujeres por mes recibieron acompañamiento psicológico y 200 asesoramiento legal.
Desde la creación del espacio, Punto Violeta instaló 832 botones de pánico, dispositivos que permiten a las mujeres víctimas de violencia de género alertar sobre situaciones de riesgo que viven y que funcionan protegiéndolas al disuadir al agresor o asistiéndolas rápidamente si la agresión se consuma, deteniendo al victimario.
Este esfuerzo del principal municipio de la provincia y del trabajo que realizan también otros municipios, el gobierno provincial a través del área provincial de Mujeres, Género y Diversidad, e instituciones y organizaciones de la sociedad civil, son sin embargo insuficientes por escasez de recursos. Es el gobierno nacional el que tiene la responsabilidad principal en el financiamiento de las políticas de género, pero la ha abandonado.
El gobierno libertario apuesta a demoler la agenda de género que la sociedad construyó democráticamente en las últimas décadas. El gobierno libertario apuesta a demoler la agenda de género que la sociedad construyó democráticamente en las últimas décadas.
Desde diciembre de 2013 la tendencia ha sido el progresivo deterioro de esas políticas. La gestión libertaria ha disuelto el Ministerio de las Mujeres, y si bien algunas pocas de sus anteriores funciones han sido absorbidas por el Ministerio de Justicia, lo que ha ocurrido es que prácticamente se han abandonado programas fundamentales como el “Acompañar”, de asistencia económica y acompañamiento integral a personas en situación de riesgo por violencia de género. Si en 2023 el programa asistió a 34.000 personas, en 2014 no llegó a las 1.000. Otras consecuencias del vaciamiento de las políticas de género por parte de Nación son la falta de acceso a anticonceptivos, el ajuste a los programas de educación sexual, o la casi desaparición de la línea 144, por ejemplo.
La falta de apoyo a las políticas de género se exhibe como un ajuste para lograr ahorro fiscal, pero en rigor hay un factor ideológico también: el gobierno libertario apuesta a demoler la agenda de género que la sociedad construyó democráticamente, avanzando sobre derechos contemplados en la normativa vigente y empujando al país a un retroceso de décadas.