Alberto Fernández volvió este viernes a Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la Causa Seguros en la que está imputado por presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).
El expresidente llegó a tribunales para reiterar su inocencia y dar más detalles sobre el proceso administrativo por el que se realizaron contrataciones por más de 3 mil millones de pesos con la empresa Nación Seguros SA. Fernández ya había presentado un escrito en noviembre del año pasado y sólo se había limitado a responder preguntas de su abogada.
El exjefe de Estado está acusado de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de negociaciones incompatibles con la función pública.
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La causa por el escándalo de los seguros fue destapada por Osvaldo Giordano tras su salida de Anses. El patrimonio de Alberto Fernández y el resto de los imputados fue puesto en la mira de la Justicia quien, en un principio, dispuso la inhibición de bienes de los imputados, pero la Cámara Federal porteña revirtió esa decisión.
Sin embargo, la Cámara Federal Porteña ordenó al juzgado levantar la inhibición de bienes que pesaba sobre él y el resto de los acusados entre los que destacan Héctor Martínez Sosa; su exsecretaria privada, María Cantero; y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Para la Justicia, entre diciembre de 2019 y 2023 existió un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos “por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA, del cual Alberto Fernández y otros intervinieron “mancomunadamente en forma coordinada y funcional”. El juez no tiene dudas de que esos “otros” eran funcionarios de la firma aseguradora estatal.
La piedra fundacional de dicho esquema delictivo fue el decreto presidencial 823/2021 donde, a criterio de la Justicia, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
En la última versión del decreto “se eliminó el punto del proyecto en el que se reglamentaba la actuación de los productores asesores de seguros, por el cual se limitaba únicamente a los casos que ameritaran su intervención por la complejidad o volumen de los riesgos asegurados y en el que se establecía que debían ser designados por un acto administrativo del ente tomador”.
Según surge del expediente, se creó así un vacío que “habría dejado abierta la posibilidad de que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto administrativo previo”, con lo cual la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos quedó centralizada bajo “Nación Seguros SA” y la gestión de los vínculos con intermediarios y el pago de sus comisiones.
De esta manera, el expresidente aprovechándose de su investidura, “habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.