El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una reforma que, según su dirección nacional, pone en jaque más de 70 años de trabajo al servicio del desarrollo agropecuario argentino. En el marco del decreto presidencial que redefine su estructura interna, el Dr. Ariel Pereda, actual director nacional del organismo, emitió un comunicado donde denuncia que lo que se presenta como una «modernización» es, en realidad, una intervención injusta, centralista y profundamente perjudicial.
Según Pereda, el nuevo modelo elimina la autonomía institucional, otorga el control total al Poder Ejecutivo y reduce la participación de los representantes territoriales, la academia y los productores en el Consejo Directivo. “Lo que se propone no es una reforma, sino una transformación forzada que borra el carácter federal, meritocrático y participativo del INTA”, sostiene el comunicado.
Uno de los puntos más críticos es la supresión de más de 300 agencias de extensión rural en todo el país y la posible eliminación de los Centros Regionales, espacios clave de articulación con gobiernos provinciales, productores y comunidades. “El INTA corre el riesgo de quedar reducido a una estructura centralizada en Buenos Aires, con mirada única y ajena a las realidades del interior”, advierte el director nacional.
Además, se cuestiona el uso de datos “erróneos o tergiversados” para justificar la reforma y se señala que nunca existió un verdadero espacio de diálogo. A pesar de los intentos de la institución por presentar propuestas alternativas, la decisión se impuso de forma unilateral. “No se trata de sostener privilegios, sino de defender una institución pública con legitimidad construida desde el territorio, al servicio del desarrollo científico-tecnológico del país”, concluye Pereda.