La denuncia por intento de violación radicada por una empleada de la litífera Zijin-Liex en contra de un sujeto de nacionalidad china engrana con una larga serie de episodios que llevan a inferir que el yacimiento opera como una especie de factoría exenta de cumplir con las generales de la ley.
Conflictos laborales, transgresiones reglamentarias de diversa índole, denuncias por presunta contaminación y abusos se apilan desde que los capitales chinos desembarcaron en Fiambalá ante la mirada por lo menos complaciente del Gobierno. La actitud contemplativa de las autoridades provinciales no puede más que contribuir a la sensación de impunidad de los propietarios de la empresa, que han salido invariablemente gananciosos de todas las controversias que los tuvieron como protagonistas.
Tal situación tiene como correlato la resignación de una sociedad que ha terminado por naturalizar la propensión oficial a inclinar la cancha a favor de los chinos y, en consecuencia, es cada vez más reticente a involucrarse en problemas. La percepción general es que los chinos se benefician de un régimen tácito distinto al del resto de la comunidad, protegidos por el poder político. Razones no les faltan.
El propietario del terreno en el que funciona la planta del proyecto Tres Quebradas todavía está esperando que le paguen lo que corresponde por la expropiación, ejecutada por la Municipalidad de Fiambalá. La Municipalidad y el Gobierno les regalaron las tierras a Zijin-Liex no se sabe a cambio de qué. Fue el inicio de un vínculo signado por la tolerancia a los atropellos de una corporación acostumbrada a relacionarse con las comunidades con criterios formateados en África.
En tal contexto, la denuncia por tentativa de ultraje contra una empleada es un hecho gravísimo contra el cual es de esperar se tomen medidas acordes, no solo por parte de la Justicia. Desde ya, proteger a la mujer que se atrevió a denunciar la supuesta agresión de eventuales represalias que pudieran tomarse en su contra, empezando por el despido o la cesación del contrato con Zijin-Liex. La denuncia fue radicada el lunes en la Comisaría Departamental de Fiambalá y quedó en manos de la Fiscalía Penal de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, a cargo de Jorge del Valle Barros Risatti.
Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía ordenó las medidas de rigor, entre ellas la imposición de restricciones, la intervención del personal de Investigaciones para determinar la identidad del ciudadano extranjero y la constatación de la existencia de cámaras de seguridad en el lugar. También se activó el protocolo de abuso sexual y se dispuso la realización de pericias psicológicas y la elaboración de un informe socioambiental.
En paralelo, se solicitaron informes al área legal de la empresa respecto a la jornada laboral tanto de la víctima como del sindicado y se ordenó una inspección ocular en el lugar del hecho, al tiempo que se dio intervención al Juzgado de Violencia Familiar y de Género, así como al área de Familia, Niñez y Género de la Municipalidad de Fiambalá.
Zijin-Liex tiene sobrados recursos económicos para enfrentar en largo y sinuoso derrotero judicial que se inicia.
Sería lamentable que, además, obtenga el paraguas de la complacencia gubernamental que ha mantenido hasta ahora su gestión a resguardo de cualquier cuestionamiento, como si, además de los ostensibles beneficios que se le han otorgado, contara con protección diplomática.