La Universidad Católica Argentina (UCA) se ha convertido en uno de los referentes más importantes en materia de estadísticas de la pobreza desde hace casi dos décadas. Su último informe, denominado «Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual», revela con precisión el drama que padecen niños, niñas y adolescentes, y que responde a un problema estructural pero que en la actual coyuntura presenta sus peores números.
Según el estudio, más de cuatro millones de chicos padecen inseguridad alimentaria en la actualidad, es decir, no tienen garantizada su comida diaria. Tres de cada cuatro que atraviesan esa situación tienen padres y madres que trabajan. La cantidad de hogares que viven con esta problemática creció del 32% en 2010 al 51% en 2024.
La Inseguridad Alimentaria, explica la UCA, es la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas. Puede ser leve (es la preocupación por no poder comprar algunos alimentos), moderada (cuando se reduce la ingesta y los adultos se privan de comer) o severa (el hambre alcanza a los chicos). En niños, niñas y adolescentes, la inseguridad alimentaria tiene consecuencias graves: afecta la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar.
La inseguridad alimentaria es un problema estructural pero que en la actual coyuntura presenta sus peores números. La inseguridad alimentaria es un problema estructural pero que en la actual coyuntura presenta sus peores números.
La precariedad laboral es factor muy gravitante. La inmensa mayoría de los hogares donde se verifica inseguridad alimentaria el aporte es de personas que tienen trabajo en negro, está subocupado o directamente desempleado. También incide una disminución de la contención estatal hacia los sectores de mayor vulnerabilidad social. Otro informe, en este caso elaborado por la Asociación del Presupuesto Público en base a estadísticas oficiales, el gasto social de la Administración Pública Nacional cayó en el primer semestre de este año casi un 11% en relación con el mismo período de 2023.
El trabajo señala además la subejecución de los programas sociales, es decir, se verifica una disparidad entre las metas fijadas y lo efectivamente realizado. En el caso del programa de Políticas Alimentarias, el gasto fue de $1,9 billones. Tenía como meta asistir a 15.261 comedores, y no se llegó a ninguno. En cambio, se planteó llegar con asistencia directa con tarjetas a 2,4 millones de personas y se ayudó a 2,5 millones. En asistencia a personas celíacas se redujo de 14.559 previstas para el 2024 a 3.139.
Otra meta era la entrega a personas en situación de vulnerabilidad de 1,4 millones de módulos alimentarios y se entregaron 180.000. Se tendría que haber asistido a 6.623 huertas comunitarias y 7.797 escolares y no se ayudó a ninguna. La suma del ajuste a los sectores más vulnerables y el deterioro formidable de las políticas sociales provocan un incremento de la inseguridad alimentaria que es preciso revertir, evitando el costo que pagan generaciones enteras mal alimentadas y desprotegidas por el abandono de los roles más básicos del Estado.