Mario Rodrigo Del Campo, el presunto líder de la banda de los usurpadores, se opuso a la decisión del fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, quien había rechazado el pedido de que se libren oficios a compañías telefónicas. Del Campo había pedido esta medida para la investigación. Lo hizo con la intención de acreditar la supuesta existencia de llamadas y mensajes entre Costilla y Marcela Beatriz Pacheco. Se trata de la mujer que había sido pareja de Del Campo. Esta medida fue requerida porque, según Del Campo, hubo una relación sentimental entre Costilla y Pacheco. Apuntaba a que compañías telefónicas brinden información sobre el entrecruzamiento de llamadas entre Costilla y Pacheco. De hecho, el supuesto cabecilla de la banda impulsó esta medida porque considera que la causa que investiga Costilla es una cuestión de “polleras”. Costilla le dio la negativa a Del Campo. Consideró que era “improcedente y estéril”.
Tras lo resuelto por Costilla, Del Campo presentó la oposición. Lo hizo a través de su abogado defensor, Pedro Vélez. Para la defensa del acusado, lo definido por Costilla “afecta gravemente el derecho de defensa, fundamentalmente el derecho a ser oído y ofrecer prueba, como así también la garantía del debido proceso”. Asimismo se señaló que la actitud del Ministerio Público Fiscal (MPF) “es a todas luces arbitraria, pues busca colocar en un estado de indefensión a mi cliente, pretendiendo vedar toda prueba que pueda contradecir o poner en crisis su hipótesis acusatoria”.
Luego, se mencionó que “arbitrariamente y mediante vagas razones, decide no hacer lugar a los solicitado y solo devela el intento del fiscal de que no se conozcan actitudes vergonzosas y poco profesionales en lo que hace a su actividad como representante del MPF y cuyos emolumentos son pagados por el pueblo, al que aunque no le guste se debe”.
Además, se remarcó que “la utilidad y pertinencia de la prueba solicitada podría demostrar la connivencia o complicidad entre la Fiscalía y la denunciante (por Pacheco) para no imputarla o para imputar a mi cliente y a (Rocío Grisel) Gordillo y, en consecuencia, privar de la libertad a determinadas personas y a otras no. Podría servir como prueba de que nos encontramos con una causa armada a conveniencia del fiscal y de Pacheco, a la par de dar lugar a nulidad de determinados actos, y el ocultamiento que pretende el fiscal pondría en crisis la seriedad y transparencia de la que debe gozar un proceso penal”.
En ese sentido, se argumentó que “lo solicitado no busca entrometerse en la vida personal de un funcionario judicial ni de Pacheco, y lo último que esta defensa pretende es traer conductas privadas del fuero íntimo de cualquier ser humano a un proceso judicial. Pero estas cuestiones del fuero íntimo dejan de ser tales cuando pueden tener relevancia para descubrir hechos ventilados en un proceso penal, como este en el cual se hace caer todo el aparato persecutor del Estado sobre una persona o grupo de personas que se encuentran privadas de su libertad y según lo denuncia el imputado por una enemistad del fiscal con el imputado, por haber el primero contraído una relación sentimental con quien fuere mujer del imputado, y ello podría corroborarse de hacer lugar a la medida solicitada. De esto surge evidente la utilidad y pertinencia de la prueba, al tener la posibilidad de conocer la realidad y perseguir la verdad de los hechos bajo las reglas del juicio justo”.
Para Del Campo y su defensa “la prueba es útil porque puede contribuir a demostrar una situación de falta de objetividad del acusador público. Es perfectamente válida para el caso que lo disponga un juez”. Además, plantearon que la oposición sea elevada al Juzgado de Control de Garantías que por turno corresponda.
Polleras
“Esta causa no es más que una cuestión de ‘polleras’. Al fiscal no solo le bastó con mantener una relación sentimental con quien era mi mujer, de hacer detener ilegalmente a mi hija en otra provincia, sino que además quiere hundirme inventando esta supuesta banda que nunca existió, uniéndose con ella (por su expareja) para eso. Se deben peritar todos los teléfonos celulares de Costilla, donde van a figurar las llamadas y mensajes que intercambiaba (con Pacheco), manifestó Del Campo en su declaración como imputado en la causa.
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