Tras haber perdido el beneficio en 2002, la Argentina podría ser nuevamente incorporada al proceso para ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos (VWP), que permite viajar sin visa por turismo o negocios por hasta 90 días. Sin embargo, ese camino no tiene un plazo estipulado: tras la nominación formal por parte del gobierno estadounidense, el proceso de evaluación puede extenderse durante meses o incluso años, ya que depende del cumplimiento de estrictos criterios de seguridad, cooperación bilateral e integridad documental.
Chile es, hasta hoy, el único país de América Latina cuyos ciudadanos gozan de ese privilegio. El proceso se inició el 3 de junio de 2013, cuando el entonces secretario de Estado de EE.UU., durante la presidencia de Barack Obama, nominó formalmente a Chile para ingresar al programa.
Ocho meses más tarde, el 28 de febrero de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concretó la designación oficial, en los últimos días del primer mandato de Sebastián Piñera. La exención entró en vigencia el 31 de marzo de ese mismo año, ya bajo la presidencia de Michelle Bachelet.
La Argentina, en cambio, fue pionera: en 1996 se convirtió en el primer país latinoamericano en acceder al programa. Fue incluida en el entonces Programa Piloto de Exención de Visas (VWPP) con fecha efectiva del 8 de julio de ese año, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Bill Clinton en la Casa Blanca. La medida fue publicada oficialmente en el Federal Register ese mismo día.
La participación argentina fue cancelada el 21 de febrero de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en el contexto de la crisis institucional y económica que estalló en diciembre del año anterior. La decisión fue tomada por el Departamento de Justicia de EE.UU., bajo la presidencia de George W. Bush, en consulta con el Departamento de Estado.
Las autoridades estadounidenses advirtieron un aumento sustancial de argentinos que intentaban usar el programa para vivir o trabajar ilegalmente en EE.UU., un alza en las inadmisiones en frontera y un flujo creciente hacia Canadá, donde más de 2500 argentinos solicitaron refugio tras haber transitado por territorio estadounidense. También se expresaron dudas sobre la integridad del sistema de pasaportes. Desde entonces, los ciudadanos argentinos deben gestionar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos.
Para ser readmitido en el programa, el país debe cumplir con múltiples requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, entre ellos mantener una tasa de rechazo de visas inferior al 3%, aceptar la repatriación ágil de sus ciudadanos con orden de expulsión, emitir pasaportes electrónicos con datos biométricos, y compartir información sobre terrorismo, delitos graves y pasaportes robados. Además, debe superar una doble evaluación de seguridad y de inteligencia conducida por el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.
Aunque el gobierno de Javier Milei iniciará ese proceso mañana, en el marco de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a la Argentina, el resultado no es inmediato. Se trata de un derrotero político, técnico y bilateral que puede tomar días, meses o años. En el peor de los casos, el ingreso al programa puede ser rechazado. Fue lo que le pasó a Rumania en mayo de este año tras ser nominada en enero por la administración de Joe Biden.