En la Cámara de Diputados de la Nación, un grupo de legisladores del Frente de Izquierda presentó un proyecto de resolución para expresar su rechazo a la persecución y criminalización de la protesta en Venezuela y exigir la liberación de la activista de derechos humanos Martha Lia Grajales, víctima de detención forzada y de una injusta imputación en el marco de un acto en defensa de los derechos humanos.
El texto, firmado por Christian Castillo y Alejandro Vilca (PTS), Vilma Ripoll (MST), Mercedes De Mendieta y Juan Carlos Giordano (IS), denuncia que la desaparición forzada de Grajales, integrante de la organización SurGentes, ocurrió luego de un acto de desagravio al ataque -por parte de grupos parapoliciales- que habían sufrido las Madres en Defensa de la Verdad, durante una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Venezuela, el 5 de agosto pasado, cuando reclamaban por la libertad plena de sus hijos detenidos arbitrariamente luego del 28 de julio de 2024.
Tres días después de la detención forzada de la reconocida activista, como denuncia la iniciativa del Frente de Izquierda, Grajales fue “presentada e imputada” por parte del Ministerio Público de Venezuela, acusada de incitación al odio y de “conspiración con gobierno extranjero».
La detención y posterior imputación han estado marcados por la arbitrariedad y violación de los derechos más elementales. Fue detenida sin orden judicial e incomunicada, sin contactos con familiares ni abogados, tampoco informaron de su detención las autoridades, en ningún momento, ni mucho menos el lugar donde la tenían. Pasadas casi 72 horas después de su detención arbitraria y producto de la importante campaña nacional e internacional de solidaridad, ha sido presentada en tribunales, pero sin las más elementales garantías: sigue incomunicada, no le han permitido asistencia de abogado defensor de confianza y totalmente clandestina la audiencia. De manera que a sus familiares y abogados no se les ha permitido siquiera conocer los documentos de la acusación formal. De la audiencia y de las acusaciones solo se sabe lo que ha declarado a los medios el Fiscal General.
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De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el 5 de agosto, cerca de las 22 horas, alrededor de 70 motorizados atacaron la vigilia que familiares y activistas mantenían frente al Tribunal Supremo de Justicia. Las manifestantes reclamaban la libertad de jóvenes detenidos arbitrariamente tras las elecciones del 28 de julio. Los agresores actuaron en tres grupos coordinados, utilizando objetos contundentes y armas de fuego, golpeando a mujeres —entre ellas, una madre con una bebé en brazos—, robando pertenencias y destruyendo las carpas instaladas.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas denunciaron la complicidad de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, que se retiraron minutos antes del ataque, dejando el lugar libre a los agresores.
Tres días después, en un acto frente a la sede del PNUD en Caracas, Grajales leyó un comunicado en respaldo a las Madres en Defensa de la Verdad. Finalizada la actividad, fue interceptada y subida por la fuerza a un vehículo sin identificación por agentes vestidos de civil y con chalecos antibalas.
En ese contexto, el proyecto llama a sumar apoyos a la marcha prevista para el 14 de agosto en Caracas en defensa de las libertades democráticas, contra la represión a la protesta social y en reclamo de la libertad a todas las y los presos políticos.
PR_Ataques y Detención en Venezuela by Sol Bajar