El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación determinó que la quiebra de Edgar Adhemar Bacchiani está basada en activos de una estafa piramidal y estableció como fecha inicial de cesación de pagos el 13 de enero de 2021, más de un año antes de la fecha en que fue detenido junto con miembros clave de la banda.
La jueza María Virginia Cano resolvió el desacuerdo que había entre un síndico y una querella respecto a la fecha de inicio de la cesación de pagos. El punto es de vital importancia para establecer el «periodo de sospecha» en una quiebra -que puede durar hasta dos años antes de la sentencia-, durante el cual se pueden revocar operaciones para recuperar activos.
En el informe remitido al Juzgado, el síndico Walter Javier Andrada advirtió que el modelo de negocios de Bacchiani era una «estructura piramidal» sin respaldo real y que la insolvencia no fue fortuita, sino el resultado del agotamiento de un fraude basado en la captación de nuevos inversores para pagar los compromisos asumidos con los anteriores: el colapso del sistema de estafa piramidal.
Andrada atribuyó la cesación de pagos a la falta de ingresos registrada por Bacchiani a finales de 2021 como consecuencia de la competencia con otras financieras fraudulentas, «la disminución de la credibilidad a causa de una publicidad negativa -dado que parte del gobierno sospechaba de la legalidad de su negocio-«, y la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En este marco, propuso el 1 de diciembre de 2021 como fecha de inicio de la cesación de pagos.
Contrariamente, una querella, representada por el abogado Ángel Granizo, consideró que Bacchiani debe ser tratado como un «quebrado fraudulento». Además, pidió que la fecha de inicio de cesación de pagos sea el 13 de enero de 2021 teniendo en cuenta que a partir de esa fecha el Juzgado Federal N°1 a cargo de Miguel Ángel Contreras habilitó la feria judicial para levantar el secreto fiscal y bancario de Bacchiani y su ex pareja -la esteticista venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa-, marcando un punto de inflexión en la pesquisa de la causa penal.
Otra polémica
Teniendo en cuenta los informes del síndico y los cuestionamientos de los acreedores, y de manera crucial la situación penal de Bacchiani, la jueza Cano fijó el 13 de enero de 2021 como fecha de inicio de la cesación de pagos. La magistrada basó su sentencia en el proceso penal y en la declaración como estafador confeso realizada por Bacchiani al ser juzgado por la Justicia de Córdoba, que lo condenó a 10 años de prisión.
Efectivamente, el 13 de enero de 2021 coincide con el inicio de las investigaciones penales por «delitos complejos referidos a criminalidad económica», en la Justicia Federal. La sentencia del fuero Comercial establece que en esa fecha, Bacchiani ya no contaba con medios regulares para cumplir con sus compromisos y que los incumplimientos posteriores fueron una consecuencia de esta situación que estalló a principio del 2022.
El documento confirma que la quiebra no fue como resultado de un fracaso comercial, sino que se debió a una actividad criminal. Al fijar la fecha de cesación de pagos en el inicio de la investigación penal, la jueza validó la hipótesis de los acreedores de que la insolvencia se originó en el momento en que se develó el fraude y no cuando el modelo piramidal se agotó financieramente. Se estableció que el fraude era el origen mismo de la insolvencia y que el quiebre financiero de fines de 2021 fue la consecuencia inevitable.
«Período de sospecha»
Con esta resolución, el «periodo de sospecha» se extiende significativamente permitiendo que los acreedores tengan mayores posibilidades de recuperar bienes que Bacchiani pudo haber ocultado o transferido antes de la quiebra. El período de sospecha es el tiempo que transcurre entre la fecha en que se fija judicialmente el inicio de la cesación de pagos y la fecha de la sentencia de quiebra. Su importancia radica en que durante este lapso, el Tribunal puede anular o dejar sin efecto ciertas transacciones realizadas por el deudor.
Fuentes judiciales explicaron que estas medidas tienen como objeto proteger y recomponer el patrimonio, en este caso de Bacchiani, en beneficio de los acreedores. Entre otras, las medidas podrían derivar en la revocación de actos que perjudicaron el patrimonio de Bacchiani antes de la quiebra.