Productores ganaderos y propietarios de un inmueble ubicado en San Antonio de La Paz, departamento La Paz, piden medidas judiciales urgentes contra vecinos que usurparon parte de sus tierras, causando graves daños materiales y arrasando con parte de una reserva natural que forma parte del inmueble, con la extracción sin control de quebracho colorado.
En diálogo con El Ancasti advirtieron que “cada vez que vamos nos enfrentamos a un hombre, quien, según dice, a nombre del intendente y del presidente del Concejo Deliberante tiene la orden de entrar a nuestro terreno para sacar de allí mil quebrachos colorados».
«Él y sus hijos entran y hacen lo que quieren. Hemos hecho varias denuncias en la Comisaría de San Antonio porque además nos destruyeron un tractor y una manga para ganado, causando muchísimo daño. Además, hay una orden de desalojo para que abandonen el campo pero la Justicia nunca la hizo cumplir. ¿Qué más tenemos que esperar?», agregaron.
Informaron que recientemente tuvieron un grave incidente que parcialmente fue registrado por una cámara de seguridad, en el que el principal acusado les impidió el paso por un camino público, amenazándolos y causando daños en la camioneta en la que circulaban. «Desde el año 2017 luchamos por lo mismo y tenemos mucho miedo. Desde el año 2020 comenzó a empeorar todo, pero parece que al Gobierno no le importa», aseguraron.
Indicaron que, entre otras denuncias, realizaron varias presentaciones en la Dirección Provincial de Bosques Nativos de Catamarca donde, lejos de darles una respuesta, les dijeron que no podían ir al lugar por falta de combustible para sus vehículos. «Todos los años cumplimos con nuestras obligaciones. Para poner un alambrado tenemos que hacer infinidad de trámites, pero ni siquiera podemos entrar a trabajar en nuestra propia tierra», finalizaron.
El expediente
Fuentes judiciales informaron que, efectivamente, el supuesto agresor es Carlos César Molina, quien fue imputado por un hecho de usurpación y un hecho de daños, todo en concurso real. A pesar de la gravedad de las denuncias -que incluyen amenazas de muerte con una escopeta-, la causa lleva más de cinco años en la Fiscalía de Recreo, a cargo de Jorgelina Sobh.
En diciembre de 2020, la jueza de Control de Garantías, Corina Pérez, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Sobh y ordenó el desalojo de Carlos César Molina y «todo otro ocupante» del inmueble inscripto en la Administración General de Catastro, a nombre de los damnificados.
Se supo además que los denunciantes, con el patrocinio del abogado Fernando Ariel Salavarría, apuntaron a otros integrantes de la familia de Molina, que formarían parte del equipo de trabajo con el que realizan los desmontes. La medida judicial confirmó asimismo que los acusados interrumpen la circulación por un camino público, como en la ocasión que fue registrada en video y dio lugar a una nueva denuncia. «Proceder a desocupar el inmueble que impide el acceso al denunciante en el mismo, en un plazo de 10 días corridos.
La señora fiscal de justicia y/o personal policial deberá realizar la intimación del desalojo en un plazo de 72 horas hábiles de notificada de la presente», ordenó la jueza de Control hace cinco años.
Considerando que los usurpadores podrían desobedecer la manda judicial, la jueza dispuso además que, «en caso de incumplimiento (…) se procederá al lanzamiento y desalojo, facultando y autorizando a oficial de Justicia a requerir de la autoridad policial para hacer uso de la fuerza pública…»