Un cruce inesperado marcó la jornada del Council of the Americas en el Hotel Alvear Palace. Allí, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, interpeló en público al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, y lo instó a retirar una cautelar presentada por la entidad en rechazo a un decreto oficial que eliminó aportes obligatorios de las empresas a las cámaras empresariales.
El episodio ocurrió mientras el funcionario desarrollaba su discurso. De manera directa, Sturzenegger interrumpió el tono general de la exposición para dirigirse al empresario, anfitrión del encuentro. “Mario, te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar”, expresó el ministro, sorprendiendo a los presentes.
La reacción de Grinman no tardó en llegar. “No va a suceder”, respondió con firmeza, lo que derivó en un intercambio incómodo frente a un auditorio colmado de ejecutivos. El funcionario redobló entonces su mensaje: “Bueno, la casta se defiende con uñas y dientes”. La réplica final del empresario cerró el cruce: “Bueno, estamos en democracia”, dijo, recibiendo aplausos del público.
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Consultado por Infobae, Grinman aclaró que no se sintió aludido por las palabras del ministro. “Ni la CAC ni yo nos sentimos alcanzados por el término ‘casta’. La Cámara Argentina de Comercio es una institución con más de 100 años de trayectoria, de enorme prestigio y con grandes dirigentes en su historia. Sturzenegger puede decir lo que quiera, está en su derecho. Tal como le respondí: estamos en democracia. No hay motivos para enojarse”, señaló.
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Decreto 149/2025: el fin de los aportes obligatorios que movían $70.000 millones al año
La polémica tiene su origen en marzo de este año, cuando el Gobierno dictó el decreto 149/2025, que eliminó los aportes compulsivos a cámaras empresariales a través de convenios colectivos. Según esa norma, ninguna empresa podrá ser obligada a financiar organizaciones de las que no forme parte, salvo que lo acepte de manera voluntaria.
Uno de los casos más notorios es el del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que desde 2008 percibía un 0,5 % del salario inicial de los trabajadores mercantiles, incluso de aquellas compañías no afiliadas a la CAC. En marzo, ese aporte equivalía a unos $4.725 por empleado y representaba ingresos estimados en $5.600 millones por mes, o cerca de $70.000 millones al año. Con el decreto, esos fondos dejaron de ser obligatorios.
Durante su exposición, Sturzenegger defendió la medida al sostener que “no corresponde que se usen convenios colectivos para crear un impuesto privado”. Además, señaló que la mayoría de las organizaciones empresariales (como la construcción, los bancos nucleados en Adeba o la Sociedad Rural) funcionan bajo esquemas de aportes voluntarios.
En otro tramo de su discurso, el ministro comparó el uso de cautelares por parte de la CAC con otros casos judicializados. Habló del “Señor del Tabaco” (en referencia al empresario tabacalero Pablo Otero) como ejemplo de privilegios sostenidos en tribunales y apuntó contra la AFA, a la que acusó de mantener un esquema similar para evitar pagos sociales. “Esperemos que no construyamos otro episodio parecido al del Señor del Tabaco con la AFA”, advirtió.
TC / EM