La semana pasada el ministro Luis Caputo dio una entrevista al canal de streaming Carajo que trascendió más por un exabrupto suyo –agravió a las personas con discapacidad al usar el término como un insulto- que por estadísticas que mencionó y que merecen un análisis más profundo. Señaló que en 2001 había en la Argentina 75.000 personas con discapacidad y que en la actualidad debería haber, en función del incremento de la población en el último cuarto de siglo, 97.000. Sin embargo, dijo, hay 1.200.000 pensiones por discapacidad.
La conclusión a la que el ministro quería llegar es que, desde su razonamiento, hay más de un millón de “discapacitados truchos”. Una comparación similar había hecho durante el gobierno de Cambiemos y rápidamente las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad se encargaron de desmentirlo con sólidos argumentos. Sin embargo, insistió con el tema varios años después.
A principios de siglo la cantidad de pensiones por discapacidad otorgadas era muy inferior a la cantidad de discapacitados en condiciones de acceder al beneficio. Durante las dos últimas décadas se incrementó, de un modo virtuoso y con sentido de equidad, la normativa que reconoce derechos a las personas con discapacidad, y se incrementó la ayuda estatal para asistir a una población altamente vulnerable y durante mucho tiempo desamparada.
En la actualidad, el porcentaje de este tipo de pensiones sobre el total de la población es similar al que tienen muchos de los países del mundo considerados desarrollados. Por ejemplo, España. La cantidad de pensiones por discapacidad en Argentina representa en el 2,6% de la población total del país. En España llega al 2,6%.
Se advierte que la política de reducir los beneficios por discapacidad no tiene como fin principal la transparencia sino un propósito fiscal, es decir, de ahorro de recursos. Se advierte que la política de reducir los beneficios por discapacidad no tiene como fin principal la transparencia sino un propósito fiscal, es decir, de ahorro de recursos.
Otro dato añade claridad sobre el asunto. Según los datos del Censo 2010, el 12,9% de la población total argentina tenía discapacidad, lo que equivalía a 5.175.105 personas. Aplicando ese mismo porcentaje a la población del Censo 2022 (46.234.830 personas), el número ascendería a 5.964.293 personas con discapacidad, es decir, que solo uno de cada cinco personas con discapacidad cobra una prestación especial de parte del Estado, dato que es corroborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En rigor, se advierte que la política de reducir los beneficios por discapacidad no tiene como fin principal la transparencia sino un propósito fiscal, es decir, de ahorro de recursos, aunque los perjudicados formen parte, como se dijo, de un segmento de la población con alta vulnerabilidad.
Las auditorías para corroborar que no haya fraude en el otorgamiento de pensiones por discapacidad es una herramienta válida. Pero no es correcto dar de baja preventivamente pensiones hasta que los beneficiarios presenten los estudios que corroboren la discapacidad que padecen, incluso sin notificar de esa obligación, como ha ocurrido en los últimos meses, ni mucho menos justificar los procedimientos con estadísticas que no aplican a la realidad.