Todo mal. Primero: el fiscal provincial Hugo Costilla debía ser enjuiciado por no haber indagado sobre la supuesta insolvencia fraudulenta del estafador Edgar Bacchiani con el boliche Wika, algo que de hecho investiga la Justicia Federal. Segundo: el fiscal acusador, Augusto Barros, fue “asesorado” por el mismo abogado que operó la causa que dio origen al Jury, Arturo Herrera Basualdo, hoy secretario de un ministro de la Corte de Justicia. Costilla los denunció a ambos por tal connivencia. Un escándalo. Tercero: como era de prever, el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió el debate y pidió informes de la denuncia contra Barros; así se curó en salud. Fue el final de un capítulo institucional bochornoso.
La raíz de la causa Wika fue la disputa por la propiedad. Comenzó en agosto de 2021, cuando Bacchiani firmó un contrato de compraventa del local con el empresario Cristian Guillou, por 551.760 dólares. Ese dinero (o una parte) debía quedar como inversión en Adhemar Capital. Pero meses después la financiera empezó su debacle y dejó de pagar. En enero de 2022, Guillou se presentó en el predio, tomó posesión y después denunció a Bacchiani por “insolvencia fraudulenta”. Pero a su vez Guillou fue denunciado por Zaraive Garcés Rusa, expareja del “trader”, por usurpación.
Pero Guillou no fue el único demandante. Alejandro Segli, otro empresario, presentó una segunda denuncia en reclamo del local porque, según aseguraba, se lo había comprado a Bacchiani y no podía tomar posesión. Los reclamos cayeron en la fiscalía de Costilla, quien decidió unificar las causas e imputó por usurpación a Guillou. Sostenía que éste debía recuperar el inmueble por vía judicial, no por su cuenta.
Ante eso, Guillou, a través de su abogado, Herrera Basualdo, denunció a Costilla por considerar injusta su imputación y además a Bacchiani por presunta “insolvencia fraudulenta”. El procesamiento del empresario por usurpación fue confirmado por la jueza de Control de Garantías Rita Cisternas y luego por la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
En cuanto a la insolvencia fraudulenta, el juez de Garantías Marcelo Sago coincidió con el denunciante y cuestionó a Costilla por no haber profundizado la investigación sobre Bacchiani, que debió buscar pruebas de «un eventual desapoderamiento u ocultación patrimonial de inmuebles” por parte del “trader” a través de “terceras personas”, “utilizando para ello los servicios de la escribanía» de Joaquina Córdoba Gandini, también involucrada en la causa de las estafas piramidales. Todos delitos que investiga la Justicia Federal.
Fue así que Sago decidió apartar a Costilla de esa causa y dejarla en manos del fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz, quien por su parte determinó que no era posible sostener la acción penal por el tiempo transcurrido (más de 3 años) sin que se adoptaran medidas. Poco después, la Justicia archivó las actuaciones iniciadas por Segli y sobreseyó a Guillou.
Y posteriormente Sánchez Ruiz decidió remitir el expediente Wika a la Fiscalía Federal, dado que allí se encuentra la investigación madre de Bacchiani y compañía. Un dato curioso: fue el propio juez Sago el que autorizó a Sánchez Ruiz a declinar su competencia y trasladar la causa a la Justicia Federal.
No obstante eso, el fiscal del Jury, Augusto Barros, consideró atinadas “las severas observaciones formuladas por el juez de Control de Garantías interviniente, Marcelo Sago, cuyas resoluciones describen con rigor técnico múltiples deficiencias en la actuación del fiscal Costilla«. Tanto es así que, según adelantó, configuran un «supuesto de mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho e incumplimientos reiterados de los deberes inherentes al cargo«.
Tales faltas de Costilla en la causa Wika, en particular lo que no hizo respecto al estafador Bacchiani, era lo que Barros debía probar en el debate previsto a partir de mañana.
Mails indiscretos
Pero sucedió algo increíble, o quizás no. El pasado martes 26 de agosto, a solo 6 días del inicio del Jury, Costilla se dio con que estaba copiado, presumiblemente por error, en un mail colectivo de la Secretaría Penal de la Corte que contenía adjuntos archivos de Word con pliegos de preguntas para ser realizadas al fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y al fiscal general Alejandro Gober. Ambos estaban citados para declarar en el juicio.
Pero lo más grave es que el origen del mail fue la cuenta del secretario relator Herrera Basualdo y estaba dirigido a Barros. La maniobra había quedado al descubierto. Si alguien no podía asesorar a Barros era precisamente el que sentó a Costilla en el banquillo.
Con eso, Costilla hizo una denuncia penal contra Barros y Herrera Basualdo por supuesta connivencia y luego pidió el apartamiento del primero como fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento, por “falta de objetividad, sospecha fundada de parcialidad y falta de idoneidad técnica”, además de solicitar la suspensión del juicio en su contra.
Ninguno de los denunciados negó tal intercambio de correos. Los argumentos que dieron para justificarlo fueron los siguientes:
- Augusto Barros: dijo que es “sabido” que las consultas entre colegas son habituales, “sobre todo cuando los tiempos apremian”. Afirmó que le resultaba “imposible éticamente” consultar a otros fiscales porque son “testigos ofrecidos por la defensa”. Y que por ello le pidió a Herrera Basualdo, a quien conoce hace “más de 20 años” y es “un amigo”, que diera “una mirada” a las preguntas que bocetó a efectos de conocer si podían ser “cuestionadas en su formulación, no en su contenido”. Negó que existan una “conspiración o voluntad determinada” en perjuicio de Costilla, ni tampoco “factores externos” de presión.
- Arturo Herrera Basualdo: aseveró que su colaboración con Barros fue «a título estrictamente personal«, en función de “la confianza personal que me une desde hace años con el doctor Barros”. Que se limitó a “constatar que las preguntas no resultaran indicativas, sugestivas o capciosas y, en lo estrictamente técnico, a transcribirlas en formato digital para su envío”. Afirmó carecer de “interés alguno en el proceso de enjuiciamiento del doctor Costilla, ni directa ni indirectamente”. Interpretó que la denuncia de Costilla es «una maniobra pública planificada”, con el único fin de «generar dudas y desconfianza en un momento sensible”, “distraer la atención” y “victimizarse frente a responsabilidades inminentes e intentar demorar la apertura de los debates”.
En suma, Barros y Herrera Basualdo solo atinaron a alegar amistad manifiesta. A ninguno le pareció al menos imprudente esta colaboración; por el contrario, lo justificaron como algo normal y habitual entre colegas. Una simple gauchada, podría decirse.
No lo entendió del mismo modo el Tribunal de Enjuiciamiento, que no dudó en suspender de inmediato el Jury a Costilla sino que además pidió informes al fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, sobre la denuncia presentada contra Barros.
Ni tampoco la Sala de Sumarios de la Corte de Justicia, que se abocó al caso y evalúa posibles sanciones disciplinarias para Herrera Basualdo.
¿Será Barros, el fiscal acusador, el próximo ocupante del banquillo de los acusados en el Jury de enjuiciamiento?
Vínculos incómodos
Herrera Basualdo fue abogado de Guillou en las causas por Wika abiertas tanto en el fuero penal como civil. Formaba parte del estudio jurídico de Jorge Bracamonte. Y ejerció ese rol hasta que fue designado el 23 de septiembre de 2024 como secretario relator de Bracamonte, el último ministro de la Corte elegido por el gobernador Raúl Jalil. Con él se completaron los siete casilleros del máximo tribunal.
¿Dónde radica la mayor gravedad del hecho? La abogada Leticia Llopis, con vasta experiencia en la profesión, lo resumió en su columna semanal de Canal 10 (Tveo Catamarca) de la siguiente manera:
“El problema es que el doctor Barros no depende de la Corte y no cualquier amigo puede darle asistencia. Este amigo en particular fue abogado de Guillou. El estudio al que pertenecía Herrera Basualdo y que lideraba el doctor Jorge Bracamonte, hoy juez de la Corte, aún sigue asistiendo a Guillou en las causas civiles y penales a través del doctor Juan Manuel Zavaleta Bracamonte. Esto es grave y necesitamos que se aclare por el bien de la comunidad y de la calidad institucional de la Corte de Justicia”.
La suspensión del juicio político a Costilla fue un final anunciado. Es imposible llevar adelante un proceso serio con este paupérrimo índice institucional que demostró la Justicia provincial. El escándalo de los mails levantó, una vez más, el telón de la impunidad que alardean los magistrados y funcionarios judiciales con padrinos en el poder.