La droguería Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en el caso ANDIS

Los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, solicitaron la nulidad absoluta de la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Originada en audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionan retornos para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, la defensa, a cargo de Martín Magram, invoca la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Argumentan que las pruebas iniciales fueron obtenidas ilegalmente y que la causa es una «verdadera caza de brujas».

La solicitud se presentó el mismo viernes del allanamiento del juez Sebastián Casanello a la ANDIS y Suizo Argentina. Magram denunció «violación flagrante al derecho de defensa y al debido proceso», ya que el expediente se sustanció a espaldas de la defensa desde su inicio. El letrado manifestó su estupor por el avasallamiento de derechos esenciales de sus clientes, al operar con información limitada de la prensa.

Magram centralizó su crítica en la dudosa autenticidad de los audios de Spagnuolo, base de la denuncia, afirmando desconocer si «son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa». También cuestionó la amplitud del allanamiento a Suizo Argentina, donde se incautó información ajena a la investigación, lo que podría comprometer la provisión de medicamentos a nivel nacional. La defensa también destacó que una denuncia similar había sido archivada a principios de año por el mismo juzgado.

En esa ocasión, la Justicia había determinado la inexistencia de irregularidades, ya que las adquisiciones se hicieron por licitaciones públicas conforme a la normativa. Para Magram, la reapertura de una causa «prácticamente espejo sugiere una operación política, exacerbada por el contexto preelectoral”. Insinuó la existencia de «operaciones de agentes encubiertos» que apuntan a una maniobra política.

Magram negó categóricamente cualquier vínculo personal de los Kovalivker con figuras como Karina Milei o Lule Menem, calificando esas afirmaciones de «carentes de sustento» e indicando que los mismos nombres ya figuraban en la denuncia archivada. Destacó la trayectoria y el alcance nacional de Suizo Argentina, que opera con «10.000 puntos de entrega» y cumple con altos estándares de trazabilidad y calidad.

Explicó que la firma actúa a menudo como transportista en varias licitaciones, además de su rol como droguería y que las diferencias de precios en medicamentos dependen de variables de mercado y procesos de compra estatales.

Aunque los Kovalivker se pusieron a disposición judicial, Magram criticó las condiciones en las que debieron entregar dispositivos personales y claves de acceso. Remarcó que «nadie está obligado en un Estado de derecho a contribuir con la investigación en su contra» y que la privacidad de la empresa y sus directivos se ha visto vulnerada.