El fiscal de Cámara, Augusto Barros, renunció al cargo de fiscal ante el Tribunal de Enjuiciamiento aduciendo como principal motivo la «violencia moral» y para evitar dilaciones en los procesos que tiene el Jury contra el fiscal de instrucción Hugo Costilla. Su decisión se dio a una semana de que el propio Costilla lo denunciara en la Justicia penal y de que lo recusara ante el Tribunal de Enjuiciamiento pidiendo su apartamiento. Ayer debía comenzar el jury contra Costilla por la causa Wika, pero por el planteo del fiscal acusado el proceso se suspendió.
Barros informó su renuncia a través de dos presentaciones simultáneas: una dirigida a la Corte de Justicia, el órgano que lo había designado, y otra, a modo informativo, al Tribunal de Enjuiciamiento para que no tome ninguna decisión en relación con la recusación presentada por Costilla hasta tanto la Corte no defina su reemplazo.
En sus escritos, Barros argumenta sus planteos en base a la «violencia moral» a la que fue «sometido». En ese sentido, cuestionó los diferentes planteos de Costilla en su contra que pusieron en duda su capacidad para llevar adelante el juicio. «A lo largo de los procesos en que me cupo intervenir como fiscal, he sido objeto de descalificaciones personales y profesionales absolutamente injustificadas, que no respondieron a una crítica fundada en derecho, sino a una estrategia deliberada de dilación», dijo Barros en su planteo ante la Corte de Justicia. «Se me ha acusado de incapacidad técnica, de ilegitimidad en el cargo, de actuar con emotividad antes que con rigor, e incluso se ha pretendido ridiculizar mi racionalidad. Tales afirmaciones son falaces, las niego categóricamente y las descalifico por carecer de sustento real. Son expresiones que no describen mi desempeño, sino que han sido utilizadas con el único propósito de desviar el eje del debate y obstaculizar los procesos de enjuiciamiento», añadió más adelante.
Ligado a los planteos en su contra, el fiscal aclaró que su decisión de renunciar «no es rendición ni aceptación de los ataques recibidos», sino un acto de responsabilidad institucional. En este sentido, sostuvo que su apartamiento busca «despejar cualquier sombra, garantizar que el proceso siga su curso con normalidad y asegurar que los procesos de enjuiciamiento no continúen siendo rehenes de maniobras dilatorias». «En definitiva, renuncio porque nada es más importante que la confianza ciudadana en la Justicia», sostuvo.
Posteriormente, aclaró que su apartamiento «es voluntario, consciente y prudente, y tiene por único objetivo evitar que la defensa de los imputados, a través de ataques infundados, convierta al propio fiscal del Jury en un nuevo factor de litigio». «Mi renuncia blinda así al procedimiento contra cualquier sospecha o nulidad futura, devolviendo al proceso la serenidad que merece», manifestó.
Por su parte, al Tribunal de Enjuiciamiento, Barros expresó que «nadie ni nada ha condicionado» su accionar «ni dirigido» su voluntad. «Reafirmo que un fiscal debe guardar el principio de objetividad aunque ello no lo convierta en imparcial, y en la tranquilidad de conciencia de no haber realizado acto alguno que atente contra el debido proceso, considero prudente explicar mi decisión de apartarme», sostuvo.
Planteos de Costilla
La semana pasada, Costilla denunció a Barros y a Arturo Herrera Basualdo, uno de los secretarios de la Corte de Justicia. En su presentación, Costilla señaló que ambos funcionarios judiciales intercambiaron correos con preguntas para testigos de cargo en el Jury, lo que a su criterio compromete la transparencia del proceso. El fiscal también consignó vínculos de Herrera Basualdo con el empresario Cristian Guillou, que fue quien impulsó el Jury.
Paralelamente y mediante un escrito al Tribunal del Jury, el abogado defensor de Costilla, Daniel Ortega, solicitó el apartamiento de Barros y la suspensión del inicio del juicio. La defensa sostuvo que existen elementos que pondrían en duda la objetividad, imparcialidad e idoneidad técnica de Barros.