Piden informes sobre condiciones laborales a la minera Zijin

El diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR) presentó un proyecto de resolución que busca analizar la situación laboral, de seguridad e higiene en el Proyecto Tres Quebradas (3Q), operado por la compañía china Zijin Mining en el departamento Tinogasta. La iniciativa solicita al Ejecutivo provincial, a través de los ministerios de Minería y de Trabajo, un informe detallado sobre las condiciones en que se desarrolla la actividad.

Marchioli fundamentó el pedido señalando que “la actividad minera en la provincia debe garantizar no solo el desarrollo económico, sino también el cumplimiento irrestricto de las condiciones laborales, la seguridad de los trabajadores y la preservación de la salud en el ambiente de trabajo”.

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El legislador recordó que recientemente trabajadores del proyecto denunciaron irregularidades graves en higiene y seguridad, incluyendo “la falta de elementos de protección personal básicos, como guantes aislantes y equipamiento para medición de puesta a tierra, la exigencia de realizar tareas en condiciones climáticas extremas y el transporte de personal en vehículos no habilitados ni con choferes especializados en alta montaña”.

Marchioli también advirtió sobre antecedentes de accidentes laborales y episodios donde la empresa “expuso a los trabajadores a riesgos evitables, que derivaron en sumarios administrativos y sanciones pecuniarias mínimas por parte de la autoridad de aplicación, lo que pone en tela de juicio la efectividad de los controles ejercidos por la Policía Minera y el Ministerio de Minería”.

En cuanto a condiciones salariales, señaló posibles incumplimientos del convenio colectivo: “Los salarios abonados se encontrarían por debajo de las escalas fijadas por AOMA, sin que los recibos consignen la normativa aplicable”.

En el proyecto, Marchioli citó el informe internacional Argentina Feudal: How enduring provincial caudillos undermine democracy and the rule of law, de Douglas Farah, que destacó “una alta concentración de poder político y económico en un reducido número de grupos familiares”, lo que derivaría en “corrupción en la adjudicación de títulos mineros, disputas por tierras y problemas en la gestión de permisos”.