Walter Arévalo, exlíder del gremio municipal capitalino, arrastra una pesada causa desde la pandemia y reniega de lo mismo que planteó el fiscal Hugo Costilla en su Jury de enjuiciamiento: el fiscal que lo acusa, Augusto Barros, no está en condiciones de ser objetivo e imparcial por sus vínculos políticos e intereses particulares. Sin embargo, a diferencia de Costilla, no le hicieron lugar a la recusación. Curiosamente, en su caso se reiteran los mismos nombres de la Corte de Justicia.
La causa judicial de Arévalo se remonta a 2020. A mediados de agosto, el entonces jefe del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) dirigió puntualmente una protesta contra el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la comuna, Alberto Natella, a quien responsabilizaba por dejar en la calle a una treintena de becarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja. Y no tuvo mejor idea que instalar, a modo de presión, un gazebo con un grupo de municipales en inmediaciones del domicilio del funcionario.
Las formas pacíficas nunca fueron el estilo de Arévalo, por el contrario. Las protestas del SOEM se caracterizaban por piquetes matutinos en esquinas de mayor tráfico, con quemas de gomas, altavoces y en un par de ocasiones hasta llegaron a volcar contenedores de basura en la peatonal Rivadavia. Sin fuerza coercitiva que se le opusiera, el jefe sindical podía sentirse el amo de la ciudad. Tanto que, quizás, jamás imaginó que terminaría preso.
Precisamente eso ocurrió como consecuencia de la denuncia que hizo Natella en su contra por “amenazas y coacción agravada en calidad de autor”. Alegó que la medida provocaba tensión y temor a su familia. Arévalo estuvo 5 días detenido. Fue liberado con la aclaración de que seguiría ligado a la causa. Allí comenzó su declive como líder sindical.
Arévalo fue imputado por los delitos de «amenazas y coacción agravada en concurso real en calidad de autor», los mismos de la denuncia de Natella. Pero a fines de 2021, el juez de Control de Garantías Héctor Maidana dictó su sobreseimiento parcial con relación a las “amenazas”, pero quedó firme el segundo.
La “coacción agravada” es el delito por el cual se obliga a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, pero bajo circunstancias que aumentan la gravedad de la pena, como el uso de armas o la obtención de concesiones de funcionarios públicos. En el caso de Arévalo, la condición que exigía era la reincorporación de los becarios. Todos ellos hoy se encuentran en planta permanente.
Natella estuvo representado en esa causa hasta mediados de septiembre del año pasado por el abogado Arturo Herrera Basualdo, quien el 23 de ese mes asumió como secretario relator del ministro de la Corte de Justicia Jorge Bracamonte, el último juez en incorporarse al máximo tribunal. Desde allí, quien lleva el expediente es Jorge Bracamonte hijo, por supuesto del mismo estudio jurídico.
Fiscal recusado
El 9 de septiembre de 2024, el abogado defensor de Arévalo, Iván Sarquís, presentó en la Cámara de Apelaciones una recusación contra el fiscal de Cámara, Augusto Barros, quien actúa como representante del Ministerio Público Fiscal en la causa contra el exsecretario general del SOEM.
A criterio de Sarquís, el fiscal Barros debería haberse inhibido de actuar en el expediente por cuanto es padre de Eugenio Barros, director de Acción Social Directa del municipio capitalino, el cual depende jerárquicamente del secretario Natella, querellante de Arévalo. “Luce evidente que se presume un interés en el resultado del proceso”, remarcó.
Pero además, Sarquís adjuntó como prueba la versión taquigráfica de la sesión del 19 de agosto de 2020 de la Cámara baja en la que el entonces diputado Augusto Barros, uno de los principales oradores de la bancada oficialista, criticaba severamente la protesta de Arévalo -quien además era postulante a concejal del Frente Amplio Catamarqueño-.
Dijo textualmente Barros en esa oportunidad: “Ese actor, ese candidato a concejal, tuvo de rehén a una familia, por eso le costó la incomunicación y la investigación penal preparatoria (…) Así como nos quejamos de Herminio Iglesias de aquellos años, de lo que también nos hacemos cargo y también lo repudiamos, (Arévalo) recorrió la ciudad de Capital con un féretro y el nombre del intendente de la Capital… vamos a ser justos para equilibrar”.
Para Sarquís, esa opinión política es una “manifestación extrajudicial” que expresa “valoraciones jurídicas sobre quién va a ser juzgado y en especial sobre los hechos que van a ser ventilados en debate en el cual hoy desempeña la representación del Ministerio Público”.
En otras palabras, a su criterio, no existen “garantías de imparcialidad”. La participación de Barros en la causa significa “violentar el debido proceso y la defensa en juicio”.
No obstante, en diciembre pasado la Cámara de Apelaciones rechazó la recusación y confirmó a Barros. La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, de manera que aún no hay fecha para el juicio.
El pasado viernes 5, Arévalo se presentó en los tribunales de avenida Colón para ser notificado de la visualización de su celular, una de las pruebas presentadas a su favor. Allí puede observarse un mensaje en tono desafiante que el sindicalista habría recibido de parte de Natella, 48 horas después de su detención en 2020.
A la salida de la audiencia, el municipal habló con la prensa y aseguró que aspira a que su caso permita «conocer lo que hizo el poder político en complicidad con el Poder Judicial».
Coincidencias
Tanto para Arévalo, y más especialmente a su abogado, esta causa por coacción agravada revela la misma trama de vínculos políticos que se vio en el caso del Jury al fiscal Hugo Costilla por el caso Wika, el cual fue suspendido sin plazo por el Tribunal de Enjuiciamiento, luego de apartar al fiscal Barros como acusador.
Costilla había recusado al fiscal Barros por “falta de objetividad y connivencia” con Herrera Basualdo, secretario relator del ministro de la Corte Bracamonte, y además exabogado defensor del empresario Cristian Guillou, propietario de Wika y denunciante del fiscal Costilla por supuesto mal desempeño.
Todo se enrareció 4 días antes del inicio del juicio, previsto para el 1° de septiembre: se conoció que los pliegos de preguntas para dos testigos del juicio contra Costilla que el fiscal Barros debía presentar habían sido enviados previamente por Herrera Basualdo a través de un correo electrónico.
Barros y Herrera Basualdo confirmaron que hubo tal mail, pero adujeron que solo se trató de una consulta sobre el aspecto técnico de las preguntas, no sobre el contenido. Y que además los une una amistad de hace 20 años.
Nada de eso convenció al Tribunal del Jury, que suspendió el debate al día siguiente y apartó a Barros, mientras que la Sala de Sumarios de la Corte abrió una carpeta para analizar lo correspondiente al secretario relator.
Pero, por lo pronto, la suerte de Arévalo no es la misma que la de Costilla, al margen de la enorme diferencia que existe entre sus causas. El único hilo común es la participación de Barros, Herrera Basualdo y el estudio jurídico Bracamonte.
Es decir, la comprobación de que la Justicia provincial está estigmatizada por el poder político de turno.