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Repercusiones

La diputada María Argerich destacó que se trata de una acción “histórica y justa que marca un precedente en materia de políticas laborales en Catamarca».

La diputada provincial María Argerich expresó su respaldo a la medida anunciada por el gobernador Raúl Jalil, que beneficiará a casi 6.700 trabajadores de la administración pública con un nuevo régimen de recategorización que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre. Argerich destacó que se trata de una acción “histórica y justa que marca un precedente en materia de políticas laborales en Catamarca».

“Estamos ante una recategorización histórica que reconoce a casi 6.700 trabajadores de la administración pública provincial. Es la demostración concreta de que este gobierno no solo promete, sino que cumple con hechos que dignifican el empleo público”, afirmó la legisladora.

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La disposición del Ejecutivo establece un ascenso automático de categorías cada cinco años de antigüedad para los agentes de distintos agrupamientos, un beneficio que alcanzará a 6.059 trabajadores. En paralelo, más de 478 profesionales avanzarán de la categoría 21 a la 22, mientras que 156 empleados que desempeñaban jefaturas en carácter de subrogantes serán confirmados en sus cargos.

En este sentido, Argerich subrayó: “Cada categoría que se otorga es el fruto de años de esfuerzo y compromiso de los trabajadores estatales. Esta decisión significa que la antigüedad y la experiencia ahora se traducen en derechos efectivos y en una carrera administrativa más justa”.

La diputada enmarcó la iniciativa dentro de un paquete integral de medidas anunciado por el Gobierno provincial, que incluye además el pago de un bono especial para los agentes públicos. “El decreto, sumado al bono, es parte de una política integral de fortalecimiento del empleo público. No se trata de un beneficio aislado, sino de una estrategia que busca poner en valor el recurso humano del Estado”, sostuvo.

Finalmente, Argerich concluyó: “Con esta medida, Catamarca sienta un precedente de cómo se debe construir un Estado eficiente: valorizando a sus trabajadores, profesionalizando la administración y generando estabilidad. Como legisladora, acompaño esta decisión y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando para que el reconocimiento de los empleados estatales se traduzca en más derechos y más futuro para nuestra provincia”.

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