El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela desnuda las falencias estructurales de un Estado que sigue llegando tarde. El eco del caso Campo Algodonero resuena como advertencia; la indiferencia también mata.
El triple femicidio de Florencio Varela conmocionó al país. Tres mujeres asesinadas de forma brutal en un mismo hecho son mucho más que una tragedia local; representan la evidencia de un sistema que sigue fallando en la protección de las mujeres frente a la violencia extrema.
La detención de cuatro personas, entre ellas un presunto jefe narco, abre una dimensión incómoda. La violencia de género en territorios atravesados por la marginalidad y el narcotráfico no puede analizarse en clave meramente policial. Se trata de un entramado estructural donde el crimen organizado, la pobreza y la ausencia estatal se combinan para profundizar la vulnerabilidad de las mujeres.
La memoria latinoamericana nos devuelve una advertencia. En Ciudad Juárez, México, a principios de los 2000, decenas de mujeres jóvenes fueron asesinadas en un contexto de feminicidios sistemáticos. El caso conocido como “Campo Algodonero” llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano por no prevenir, investigar ni sancionar esos crímenes.
La Corte fue contundente al advertir que los Estados no solo son responsables por lo que hacen, sino también por lo que dejan de hacer. La inacción, la desidia y la falta de prevención son formas de complicidad.
Hoy, en Argentina, esa jurisprudencia es un espejo que no podemos ignorar. El triple femicidio de Florencio Varela nos recuerda que cada crimen de género es también un fracaso del Estado en su obligación de garantizar derechos fundamentales. La violencia no aparece de la nada, sino que se alimenta de la desigualdad, del poder del narco y de la indiferencia institucional.
La pregunta entonces es clara ¿seguirá el Estado llegando siempre tarde?
Lo ocurrido en Florencio Varela debe ser un punto de inflexión. No alcanza con detenciones ni con discursos de ocasión. El país asumió compromisos internacionales que lo obligan a prevenir la violencia contra las mujeres, investigar con perspectiva de género y garantizar la no repetición.
Si la respuesta no llega, el eco del caso “Campo Algodonero” volverá a recordarnos que la indiferencia estatal también mata.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.