El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei en cadena nacional y cuyo tratamiento en el Congreso de la Nación es aún incipiente, confirma lo que ya se advertía desde el inicio de la gestión: la obra pública no es una prioridad para el gobierno libertario. Al analizar las previsiones de gasto de capital, no se observa incremento alguno respecto de los últimos ejercicios. Muy por el contrario, el ajuste se consolida y profundiza.
De concretarse estas proyecciones, 2026 sería el tercer año de un gobierno que había prometido que la poda de recursos sería un sacrificio limitado a la primera mitad del mandato. Sin embargo, el recorte se prolonga, con el impacto negativo que ello conlleva en materia de actividad económica, empleo e infraestructura.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración (ASAP) advierte que el gasto de capital previsto para 2026 apenas llegaría al 0,32% del Producto Bruto Interno. En 2024 había sido del 0,4% y está lejísimos de los niveles de 2023, cuando alcanzó el 1,3% del PBI. La magnitud de la caída resulta contundente: en menos de tres años, la inversión pública nacional se redujo a una cuarta parte.
Las consecuencias ya están a la vista. Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), entre noviembre de 2023 y julio de este año la actividad del sector cayó más de un 20%, con la pérdida de casi 70.000 puestos de trabajo.
La persistente caída de la obra pública no solo implica la baja de la actividad económica y la pérdida de empleos directos e indirectos. También significa hipotecar el futuro. La persistente caída de la obra pública no solo implica la baja de la actividad económica y la pérdida de empleos directos e indirectos. También significa hipotecar el futuro.
El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, registró una baja del 8,59% mensual desestacionalizada, mientras que en la comparación interanual anotó una caída de 5,5%. Detrás de estas cifras hay familias enteras que vieron desaparecer su fuente de ingresos, y economías regionales golpeadas por la parálisis de obras que dinamizaban la actividad.
El Gobierno no ha logrado una estabilización macroeconómica que le permita, a esta altura de la gestión, disponer de recursos suficientes para volcarlos al desarrollo de infraestructura estratégica. Pero incluso si los tuviera, según se desprende de un análisis somero del pensamiento de Javier Milei, no está en el ADN libertario invertir en el sector público. La ideología oficial prefiere el retraimiento del Estado, aun cuando la evidencia muestra que sin inversión pública no hay país posible que pueda desplegar sus potencialidades.
La conclusión es inevitable. La persistente caída de la obra pública no solo implica la baja de la actividad económica y la pérdida de empleos directos e indirectos. También significa hipotecar el futuro. Un país sin infraestructura no puede aspirar a un desarrollo estratégico, sustentable y equilibrado. El ajuste puede cerrar una planilla contable, pero deja abierta una herida profunda en el cuerpo social y productivo de la Argentina.