Un nuevo proyecto de ley propone que todos los funcionarios públicos de Catamarca deban realizarse un narcotest de manera obligatoria y periódica, como condición para desempeñar o continuar en sus cargos. La medida apunta a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y asegurar la idoneidad de quienes ejercen funciones de responsabilidad.
De acuerdo con la iniciativa, el examen de detección de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas deberá practicarse al menos una vez al año, y su aplicación será progresiva, conforme a los protocolos técnicos que establezca la reglamentación.
La propuesta fue impulsada por la diputada provincial Silvana Carrizo, quien explicó en el escrito que la medida no debe interpretarse como punitiva, sino preventiva, ya que busca consolidar un Estado “presente, sano y confiable”. En los fundamentos, señala que “el consumo de sustancias no puede ser un tema tabú cuando se trata de ejercer funciones que afectan el interés general”.
El proyecto estipula que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo, que deberá definir los laboratorios habilitados, los métodos de análisis y las condiciones de confidencialidad. Los resultados tendrán carácter reservado y serán informados solo al órgano de control interno de cada poder.
En caso de resultado positivo o negativa injustificada a realizar el examen, el funcionario deberá ser suspendido preventivamente, y los antecedentes serán remitidos al área competente para determinar los pasos a seguir, incluyendo eventuales tratamientos o sanciones.
Antecedentes en otras provincias
Otras provincias del país ya adoptaron esta modalidad. En San Juan, todos los funcionarios de los tres poderes deben realizarse controles anuales y aleatorios; en Córdoba, la medida rige para los funcionarios municipales; y en San Luis, los exámenes se aplican por sorteo y su costo es afrontado por el funcionario seleccionado.
En Catamarca, un proyecto similar había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, pero no fue tratado en el Senado. Por lo que el documento original del proyecto señala que esta nueva presentación retoma aquella iniciativa asegurando que no puede seguir postergándose.
La propuesta también invita a los municipios a adherir una vez sancionada la norma. De aprobarse, el Poder Ejecutivo dispondrá de 60 días para su reglamentación.