El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público de Catamarca resolvió apartar al fiscal Augusto Barros del proceso de jury iniciado contra el fiscal de Instrucción Hugo Leandro Costilla, tras una denuncia del diputado provincial Hugo Ávila. Esto es por el acuerdo económico al que llegaron las partes y fue homologado por la Justicia después del atraco en el barrio Parque América.
La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 44, firmada el 9 de octubre de 2025, donde además el Tribunal dispuso anular la acusación formulada por Barros y todos los actos procesales derivados de ella.
Según el escrito, el apartamiento se fundamenta en que Barros ya había sido desplazado de la causa “Wika” por “falta de objetividad”, debido a su relación con el abogado Arturo Herrera Basualdo, quien intervino en instancias previas al inicio del Jury, que finalmente no se dio por el apartamento de Barros y la no acusación del fiscal Guillermo Narváez. El Tribunal consideró que esa circunstancia afectaba la garantía de imparcialidad exigida para el desempeño de la función fiscal dentro del juicio político.
En el mismo acto, se resolvió designar al fiscal de Cámara de Tercera Nominación, Miguel Mauvecín, como nuevo fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento, quien deberá aceptar el cargo en un plazo de 24 horas.
En la causa anterior, también fue designado Mauvecín, pero quedó afuera por problemas de salud que acusó en ese entonces.
Con esta resolución, el proceso vuelve a quedar en una instancia de redefinición, ya que el nuevo fiscal deberá analizar el expediente y determinar si corresponde formular o no una acusación.
El hecho
El asalto al Parque América sucedió en la madrugada del 4 de septiembre de 2024 en la casa de la familia Rolón Reynoso. Los delincuentes se manejaban en una camioneta 4×4 Toyota Hilux, lograron abrir el portón automático con un control inteligente y el atraco se produjo con acciones premeditadas.
Guillermo Hernán Nieva, Diego Marcelo Arroyo, Camilo Alberto Carrizo y a Fernando Ariel Pacheco, quedaron imputados por el delito de robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda en calidad de coautores. Un integrante de la banda nunca fue hallado.
A los pocos meses los acusados recibieron la notificación del sobreseimiento total y definitivo tras una homologación firmada por quien era juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana.
Las partes acordaron el pago en calidad de “reparación integral del perjuicio” la suma de 8 millones de pesos.