El juez federal nº2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que restituya la totalidad de las pensiones no contributivas por incapacidad laboral suspendidas por efecto del decreto nº843/2024 en todo el país y le dio un plazo de 24 horas para pagar el importe de los haberes de pensión retenidos y que, hasta tanto no recaiga una sentencia definitiva, se abstenga de continuar con las auditorías y de disponer nuevas suspensiones. Lo resolvió así, luego de hacer extensivos a todo el país los efectos de la medida cautelar que había dictado el 12 de septiembre, tras conceder el carácter colectivo a la presentación de APYFADIM y la Defensoría del Pueblo de Catamarca.
Díaz Martínez resolvió en relación con la presentación de adherentes a la causa colectiva que había sido propiciada en su momento por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores. El juez valoró que los adherentes presentaron la documentación correspondiente que acredita su interés en la causa y mencionó que también se contemplaron los expedientes remitidos por los Juzgados Federales con competencia en otras jurisdicciones, donde ya había sido decretada su participación.
El juez destacó que tanto APYFADIM como la «Asociación Azul» serán «representantes del colectivo para que actúen conjunta o indistintamente en su representación». «Ello no implica desconocer los atributos de otras personas también presentadas, sino tan solo un ejercicio de la potestad que me asiste a la hora de procurar un desenvolvimiento ordenado y no traumático del proceso en el cual se ventilan derechos de altísima sensibilidad», explicó.
Por otra parte, solicitó que se comunique a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, donde tramita el incidente de apelación de la medida cautelar dictada el 12 de septiembre pasado.
En aquel momento, Díaz Martínez había destacado que «nos encontramos frente a derechos de indudable naturaleza colectiva, cuyo objeto resulta ser, si bien derechos individuales y divisibles, afectados de manera común u homogénea, tanto por una norma inconstitucional, como por su irregular ejecución por la Administración». «La realización de un solo proceso con efectos expansivos hacia el universo de sujetos pretendidamente afectados luce prima facie justificada», señaló.
En este caso, el juez remarcó que si bien los afectados son los pensionados residentes en la Provincia de Catamarca, «el Defensor del Pueblo de la Provincia ostenta legitimación suficiente para intervenir en los presentes; ello así, por resultar francamente intolerable que, frente a la envergadura de los derechos sociales invocados y en los que se encuentra comprometida la subsistencia misma y digna de sus titulares, recaiga sobre ellos y en su perjuicio, la vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación».
La presentación había sido realizada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo.
Consistió en una acción de amparo contra el Estado Nacional y la ANDIS, pidiendo que se declare la nulidad de los actos administrativos de suspensión de la pensión no contributiva por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo en el ámbito de la provincia. Además, pidieron que se ordene la adecuación del procedimiento de auditorías. También pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto nº843/2024.
Según mencionaron, se enteraron de las suspensiones en julio y lo notaron cuando quisieron percibir el haber y se encontraron con la inexistencia de fondos. «En la búsqueda de información y frente a la urgencia, muchos se anoticiaron de que debían concurrir a una sucursal del Correo Argentino para retirar una carta documento en la que se les notificaba la suspensión, utilizando un lenguaje técnico-jurídico inaccesible, lo que redundaba en una afectación adicional de su derecho a la información y defensa», reclamaron.
Pedían actualización de aranceles
Familiares y prestadores tomaron la sede central de la Agencia
La suspensión inesperada de una reunión clave en la Agencia Nacional de Discapacidad, desencadenó ayer una serie de incidentes en la sede de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad irrumpieron por la fuerza para exigir respuestas a sus demandas, luego de que las autoridades se negaran a recibir un petitorio.
Luego de los primeros incidentes, el interventor Alejandro Vilches, recibió a un grupo de manifestantes y mantuvieron una reunión. «Nos recibió Vilches, la verdad que no tenemos buenas noticias. Nos comunicó que la semana que viene habrá una convocatoria del directorio, pero no es seguro, nos dijo que no puede confirmar, pero que trabajará para que sea para después de las elecciones», dijo uno de los voceros, para despertar el abucheo de los presentes.
«Nos dijeron que iba a haber un aumento, no nos dijo de cuánto. Le planteamos que necesitábamos medidas no solo para octubre sino también para noviembre, diciembre y el año que viene. A lo que nos respondió que la ley está y hay que cumplirla», agregó el vocero.
La diputada Victoria Tolosa Paz dijo al respecto que el Gobierno «sigue demostrando su insensibilidad y desprecio hacia las personas con discapacidad“. ”No hay diálogo ni soluciones: solo ajuste, abandono y maltrato“, dijo. En un comunicado difundido por el Foro Permanente Discapacidad, se cuestionó la actitud de las autoridades de la ANDIS, señalando que “a pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono”.
Entre los principales reclamos de los manifestantes se encuentran la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793 y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.
Los participantes de la protesta eran prestadores de servicios, familias de personas con discapacidad, centros terapéuticos e instituciones que integran la red nacional dedicada a este sector. Cuestionaron que la falta de actualización de los aranceles ha puesto en riesgo el sostenimiento de los servicios y ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones.
Reclamo. Mientras en Buenos Aires los familiares protestaban en la sede central de ANDIS, Díaz Martínez firmaba el nuevo fallo contra la agencia.