Derecho no garantizado

La crisis habitacional en la Argentina continúa profundizándose. Gravita especialmente la decisión del Gobierno nacional asumido en diciembre de 2023 de abandonar la construcción de viviendas a través de la acción del Estado, porque el aporte de las provincias, que han asumido parcialmente la responsabilidad del financiamiento, es claramente insuficiente.

Durante el gobierno de Alberto Fernández se entregaron más de 125.000 viviendas a través de programas estatales como el Procrear y Casa Propia, y había en construcción alrededor de 120.000 cuando finalizó. Pese a ese ritmo de construcción y adjudicación, el déficit habitacional, que en Argentina se calcula en 3.240.000 viviendas, no disminuyó entre 2019 y 2023. No es difícil conjeturar, en consecuencia, que en el actual contexto, con el financiamiento nacional suprimido y los escasos fondos disponibles en los estados subnacionales, el déficit mencionado, que incluye tanto a familias sin casa propia como a viviendas con carencias en los servicios básicos, tiende a aumentar progresivamente.

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Los créditos hipotecarios tampoco aparecen como una alternativa para superar las restricciones. En principio, porque solo pueden aspirar a ellos, por razones formales y de ingreso, un sector de la clase media de buen poder adquisitivo, aunque no de los sectores populares. Pero además porque las tasas de interés de los préstamos para la adquisición de inmuebles siguen siendo altas y no existe previsibilidad respecto de los niveles que tendrán en el mediano y largo plazo, inestabilidad que se perpetúa en el actual gobierno como ocurrió también en los anteriores de Fernández y Mauricio Macri.

En los últimos días, el Banco de la Nación Argentina impulsó un incremento de la tasa de interés de los créditos hipotecarios UVA, que pasó del 4,5% al 6% anual. Esta entidad bancaria, que tiene tasas muy por debajo del resto de las demás (oscilan entre el 7 y el 15%), consolidó con el aumento un nivel de tasas que resulta de muy difícil acceso a vastos sectores de la población que carecen de casa propia. Para entender las dificultades debe considerarse que, además, las cuotas de los créditos se actualizan mes a mes según el índice de inflación.

Detrás del agravamiento de la situación habitacional se advierte un condicionante proveniente de la concepción ideológica del Gobierno nacional: a la construcción y adquisición de viviendas las debe regular el mercado y no el Estado, lo que en definitiva propicia una tendencia creciente a la concentración de inmuebles en pocas manos, y por lo tanto inequidad. Una mirada del problema basada en la premisa de la regulación automática por parte de la oferta y la demanda, sin intervención pública, es por lo tanto, incompatible con un esquema de distribución que tenga como fundamento el derecho a la vivienda, que todos los gobiernos tienen la responsabilidad institucional de garantizar, aunque ninguno de los que se sucedieron hasta hora lo pudo, o lo quiso, lograr.