La aprobación del marco regulatorio para el transporte mediante aplicaciones digitales generó un antes y un después para choferes y usuarios. Sin embargo, la letra fina de la normativa revela un aspecto clave que podría redefinir el escenario: si Uber o cualquier otra plataforma no tramita su permiso municipal, ningún conductor quedará habilitado para trabajar legalmente en la ciudad.
La ordenanza establece que las plataformas —las llamadas Empresas de Redes de Transporte Urbano de Pasajeros (ERTUP)— deben obtener un permiso municipal para poder operar. Sin este paso, la empresa no puede ofrecer viajes dentro de la capital.
El artículo 14 de la Ordenanza aprobada es determinante: los conductores solo podrán aceptar viajes de plataformas habilitadas. Esto implica que, incluso si un chofer cumple todos los requisitos —licencia profesional categoría D, seguro especial, RTO al día, antecedentes limpios y domicilio legal en la Capital—, seguiría sin poder trabajar si la empresa para la que maneja no completó su habilitación municipal.
El nuevo Código de Faltas refuerza este punto con multas que van desde 50 a 600 UM para los conductores que incumplan y hasta 2.000 UM para las empresas. En síntesis, sin habilitación de la plataforma, no hay conductor habilitado, aunque cumpla con todo lo demás.
El objetivo del municipio: ordenar, no prohibir
Pese a que la ordenanza es estricta en términos formales, la intención no es expulsar a Uber, sino ordenar la actividad, reducir la informalidad y garantizar una convivencia armoniosa con los servicios tradicionales de transporte, como taxis y remises.
La mirada oficial es que la regulación permite equilibrar las reglas de juego, mejorar la seguridad y aportar previsibilidad, sin prohibir las nuevas tecnologías.
Intentos de diálogo sin respuesta
En paralelo, se sabe que desde el Concejo Deliberante se intentó en numerosas oportunidades establecer contacto con representantes de Uber, sin éxito. Hubo llamadas, correos y pedidos formales de reunión, pero no hubo una respuesta favorable ni avances concretos.
En este nuevo escenario, la pelota queda del lado de la empresa: si Uber decide no regularizar su situación, los choferes podrían quedar atrapados entre la voluntad de trabajar y un vacío legal que no les permitirá hacerlo sin exponerse a sanciones.