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En medio del escándalo por coimas en ANDIS
A pesar de las pruebas de corrupción, el Estado usa recusaciones para dilatar un amparo colectivo promovido por más de 20 organizaciones.
Pese a estar acorralado por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno de Javier Milei va a Tribunales para no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así lo denuncian las organizaciones y los familiares de personas con Discapacidad, quienes alertaron que en este momento la justicia federal tiene en sus manos «dos casos muy importantes» del sector, a los cuales le otorgan diferentes «velocidades».
De acuerdo a los que plantearon, uno avanza con firmeza: la investigación por corrupción en ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi tiene a dos empresarios detenidos (uno se negó a declarar desde Mendoza, del otro encontraron 700.000 dólares en efectivo en la casa de su hija), 15 imputados incluyendo al ex director de ANDIS Diego Spagnuolo, audios comprometedores hablando de «meter gente para chorear», y una acusación por 48.000 millones de pesos desviados mediante coimas y sobornos.
«El otro caso somos nosotros: familias con niños con discapacidad que hicimos un amparo colectivo porque el Presidente sacó un decreto suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado rechazando su veto. Más de 20 organizaciones se sumaron. El juez federal de Campana nos dio lugar y rechazó todas las excepciones del gobierno», expresaron.
Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse a una victoria del pueblo, desde el sector señalaron que «ahora, el Procurador del Tesoro de la Nación —el jefe de los abogados del Estado y del presidente Javier Milei— acaba de presentar una recusación contra ese juez, alegando que ‘prejuzgó’ porque dijo que el decreto suspendió la ley (cuando el decreto literalmente dice eso)».
Y continuaron diciendo: «El juez contestó punto por punto demostrando que todos los argumentos son falsos: lo que hizo fue aplicar correctamente la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos. Propuso que se rechace la recusación. Pero igual se tuvo que apartar y ahora la Cámara debe designar un nuevo juez. Esto demora todo. Que es exactamente lo que busca el gobierno».
En este contexto, los familiares hicieron una pregunta: «¿Por qué el gobierno pone tanto empeño en frenar nuestro amparo legítimo mientras la justicia acumula pruebas de corrupción millonaria en ANDIS? Mientras un juez y un fiscal federales investigan cómo desviaron miles de millones de pesos de fondos destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y evidencia contundente—, el mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó».