El mismo día que El Ancasti difundió el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre las tenebrosas características que signan el accionar de las fuerzas de seguridad catamarqueñas, la Sala Penal de la Corte de Justicia dictaminó el cierre por prescripción de la causa por la Tragedia de la Alcaidía.
La sentencia contiene una crítica al desempeño de los operadores judiciales del caso. “El devenir del expediente a partir de su elevación a juicio no deja otra alternativa que cuestionar el compromiso de los operadores jurídicos actuantes con la declamada tutela judicial efectiva a la que estamos obligados constitucional y éticamente”.
Sin embargo, la prescripción salva el derecho a ser juzgados en un tiempo razonable de los cuatro policías imputados, mientras priva de justicia a las familias de los cuatro adolescentes calcinados en una celda de la Alcaidía el 9 de septiembre de 2011.
Acabada síntesis de la perversidad: el sistema cuestionado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cobijado por los sobreseimientos de sus operadores; sus víctimas, a la intemperie.
Sobre el dolor de los muertos, el agravio de la impunidad de los matadores y el interrogante que atraviesa más de un episodio de la crónica policial: ¿Sería el desenlace el mismo si las víctimas hubieran provenido de otro estrato social?
Franco Ezequiel Nieva, Nelson Orlando Molas, Nelson Nahuel Fernández y Franco Alejandro Sosa se calcinaron en una celda hace casi tres lustros.
Ninguno llegaba a los 18 años y estaban presos en flagrante violación de la ley: ningún menor de edad podía, ya entonces, permanecer detenido durante más de 48 horas si la gravedad del delito no lo ameritaba a criterio de la Justicia. Llevaban en la Alcaidía entre 7 y 21 días ante la indiferencia del fuero penal juvenil. Uno de ellos, por haber intentado hurtar un par de gaseosas.
Síntesis perversa: el sistema, blindado por los sobreseimientos; las víctimas de su negligencia, a la intemperie. Síntesis perversa: el sistema, blindado por los sobreseimientos; las víctimas de su negligencia, a la intemperie.
Las criminales fallas del sistema quedaron expuestas, hubo movilizaciones, se removieron funcionarios y otros fueron confirmados, pero el dato determinante es que los cuatro muertos eran nadie, como “nadies” eran sus deudos. Pasada la conmoción, los engranajes de la impunidad se pusieron en marcha, se activaron las maniobras leguleyas para dilatar el proceso.
La prescripción cierra la saga como una lápida. ¿A quién le importan cuatro indeseables?
Si al final la Alcaidía es eso: un depósito de indeseables.
Seis meses después moría Diego Pachao, sacado en situación desesperante de la Comisaría Séptima. 14 años más tarde, la Comisaría Sexta está en capilla por supuestas golpizas propinadas a Jonathan Parta, quien con mejor suerte que Pachao se recupera de lesiones que incluyen fractura de mandíbula. En el medio, una infinidad de casos de brutalidad policial.
Los Gobiernos pasan, el salvajismo permanece, el blindaje a los violentos y negligentes persevera con mayor eficacia que cualquier protesta.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura consignó en su último informe, elaborado en base al monitoreo realizado en 2024, que los episodios “aislados” de tormentos y malos tratos “se han instalado” a punto tal que su utilización es “sistemática y generalizada”.
La organización destacó que Catamarca es una de las seis provincias del país que carece de un mecanismo específico para la prevención de la tortura. Resalta además que la Provincia ignoró la recomendación de generar dispositivos que el Comité le hizo en 2022 y reiteró a través de la resolución 2/24, notificada a todas las autoridades del Gobierno.
Si se hubiera coordinado no salía tan perfecto. Con críticas a la mora judicial y orden de abrir sumarios para determinar responsabilidades, la Corte respondió horas después de que el diagnóstico tomara estado público que todo está como era entonces. Como se hace con el enemigo: a los nadies, ni justicia.