Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que en la Argentina encontró al sector atravesando uno de los momentos más críticos desde el retorno de la democracia. Lejos de ser una jornada de reconocimiento y ampliación de derechos, el día llegó en un contexto de profundos retrocesos provocados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei que afecta directamente la vida de cientos de miles de personas.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad llegó en un contexto de profundos retrocesos provocados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad llegó en un contexto de profundos retrocesos provocados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.
Las organizaciones representativas de las personas con discapacidad tienen demandas numerosas y acumuladas. Sin embargo, todas confluyen, como reclamo central, en la inmediata reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso precisamente para compensar -aunque sea parcialmente- lo perdido durante el primer año de gestión libertaria. La ley tuvo un consenso transversal y un reconocimiento institucional contundente. Pero su aprobación, lejos de traducirse en acciones, quedó frenada por la inacción gubernamental. Sin reglamentación, la norma no existe en la práctica, y el aumento presupuestario dispuesto por el gobierno es absolutamente insuficiente.
Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional ejecutó recortes de enorme magnitud en programas esenciales que derivó en la interrupción de terapias y servicios fundamentales, la suspensión arbitraria de pensiones no contributivas, y una asfixiante falta de actualización de aranceles para quienes prestan atención y acompañamiento a personas con discapacidad.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) aportó un dato que dimensiona la gravedad del deterioro. Según su análisis, el programa Incluir Salud -que garantiza la cobertura de prestaciones a casi 500 mil personas en el sistema estatal- acumuló un recorte real de 300 mil millones de pesos desde la asunción de Milei. Son aproximadamente medio millón de personas que dependen del Estado para acceder a un nivel mínimo de atención y que encontraron, en lugar de acompañamiento, un vaciamiento presupuestario sin precedentes.
A esta situación se suma un factor adicional de indignación social: la Justicia investiga presuntos sobreprecios y coimas vinculados a fondos destinados precisamente a políticas de discapacidad y administrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad debería ser una ocasión para reafirmar compromisos y avanzar en derechos. En cambio, encuentra al sector con poco para festejar, exigiendo que el Estado cumpla la ley que contribuye a proteger a uno de los sectores más vulnerables. Es imprescindible, en consecuencia, que el gobierno reglamente la Ley de Emergencia, restituya los recursos recortados y reconstruya los programas que fueron debilitados. No se trata de un gesto político sino de garantizar que cientos de miles de personas puedan seguir viviendo con dignidad.n