Con la movilización ya terminada en el centro de Córdoba capital, los gremios estatales llegaron a la antesala del debate legislativo en la Unicameral con un mensaje unificado: rechazo a las modificaciones que el Gobierno provincial pretende aplicar sobre los aportes a la Caja de Jubilaciones yel Apross.
En ese marco, desde el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Ariel König sostuvo que el incremento de aportes impacta como un recorte directo del ingreso. En diálogo con Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7) afirmó que “determinados porcentajes sacados de forma compulsiva de los salarios” deben entenderse como una “confiscación”.
Rojo de la Caja de Jubilaciones LLaryora busca avanzar con aportes “progresivos” de activos que van del 2% al 8%
“Implica una reducción de salario”
König fundamentó esa definición con una secuencia de aumentos previos que, según describió, ya se aplicaron sobre el descuento jubilatorio: mencionó que los aportes pasaron del 11% al 18%, luego al 22%, y advirtió que ahora se busca llevarlos al 26%, lo que, planteó, “implica una reducción de salario” y remarcó que el gremio se opone “porque es confiscatorio”.
En otro tramo de la conversación, el referente municipal reclamó que la Provincia “defienda los fondos” que, señaló, corresponden a Córdoba. También observó que el reclamo judicial por recursos nacionales viene de gestiones anteriores y cuestionó que la actual administración no haya logrado revertir la caída de transferencias.
König además vinculó el deterioro del sistema con modalidades de contratación que describió como precarizadas. Mencionó el pago “en negro” y sostuvo que ese esquema reduce aportes a la Caja; como ejemplo, recordó que en el 2020 se habilitó el pago de “un 30% del salario” por fuera del registro.
Cómo sigue: reunión gremial y protestas en agenda
Consultado por cómo seguirá el conflicto, König anticipó que “mañana se juntan los gremios a definir cómo sigue” y dejó abierta la posibilidad de profundizar el plan de acción si el oficialismo avanza con los cambios. En esa línea, mencionó que podrían llevar el reclamo a distintos puntos y actividades masivas, con presencia sindical “con los bombos”.
Consultado por la calificación de esas acciones como “casi extorsivas”, König lo rechazó y marcó una diferencia tajante: “una extorsión es un delito”, sostuvo, y encuadró las protestas como parte del derecho constitucional a expresarse. En ese sentido, también desestimó la idea de un “escrache”.