miércoles, 14 de enero de 2026 19:05
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Mercedes Llano, presentó un proyecto de ley que busca garantizar la transparencia financiera y la rendición de cuentas en las universidades nacionales de todo el país, facilitando el acceso público a la información sobre el uso de los recursos que administran estas instituciones.
La iniciativa, impulsada por la legisladora del Partido Demócrata de Mendoza, propone modificar la Ley de Educación Superior con el objetivo de incorporar principios y obligaciones de transparencia activa, acceso a la información pública y rendición de cuentas en el funcionamiento de las universidades nacionales.
El proyecto establece la obligación de que las casas de altos estudios realicen una publicación permanente, completa y accesible de información institucional, académica, presupuestaria y administrativa. Entre los fundamentos, Llano sostuvo que la propuesta apunta a “robustecer la autonomía y autarquía universitaria consolidando los ineludibles principios de rendición de cuentas propios de este tipo de diseño institucional y acordes a las bases republicanas de publicidad de los actos de gobierno”.
“Sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad”, advirtió la diputada, quien remarcó que la iniciativa busca asegurar el control ciudadano sobre la gestión de los fondos públicos, el desempeño de las universidades y la calidad de la oferta educativa.
El texto subraya que la educación superior constituye un servicio estratégico de interés público, sostenido mayoritariamente con recursos estatales, pero aclara que su ejercicio debe desarrollarse en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno, acceso a la información y control ciudadano.
Entre las obligaciones que quedarían alcanzadas por la ley se encuentran la publicación de la estructura institucional y autoridades, las nóminas salariales de autoridades superiores, docentes y personal no docente, los mecanismos de ingreso, las convocatorias de contratación de personal y las declaraciones juradas de las autoridades.
Además, las universidades deberán difundir información económica y financiera, el presupuesto del ejercicio vigente, el detalle de transferencias de fondos, contrataciones, licitaciones y convenios. También estarán obligadas a facilitar el acceso a auditorías internas y externas, así como a datos sobre resultados académicos, patentes, derechos de autor, publicaciones en revistas indexadas y posicionamiento en rankings internacionales.
A esto se suma la exigencia de publicar información estadística como la cantidad de estudiantes y egresados, la relación docentes-alumnos, la formación del plantel docente, el gasto por estudiante y la proporción de ingresos por concurso, discriminada por facultades.
Con esta iniciativa, el oficialismo busca instalar el debate sobre la transparencia en el sistema universitario y el uso de los fondos públicos destinados a la educación superior.