Más ajuste en las economías domésticas
Si bien el Poder Ejecutivo celebró en redes sociales el número de inflación del cierre de año, las consecuencias del modelo económico actual son más que palpables en el día a día de la población: cae el poder de compra de los ingresos, aumenta el desempleo, pero también la búsqueda de más fuentes de ingreso –pluriempleo- en una coyuntura en la que el gasto fijo en servicios esenciales se disparó y se lleva una porción más grande de esos salarios, que cada vez alcanzan menos para comprar bienes de subsistencia.
De esta manera, la restricción en consumos cotidianos es lo que predominó en gran parte de los hogares. En concreto, 6 de cada 10 se vio obligado a recortar gastos de su presupuesto cotidiano en el último mes de 2025. Esto sucedió en un contexto en el que al menos la mitad manifestó quedarse sin dinero antes de terminar el mes y, en directa relación, el 57% de los hogares se endeudó para cubrir necesidades de subsistencia (+7 puntos contra inicios de 2025).
Los resultados corresponden a la última Encuesta “Social Mood” de la consultora Moiguer que indagó en el estado de situación del consumo al cierre de 2025. Según los resultados, la restricción de los hogares argentinos se focalizó en algunos rubros cuyo gasto fue reducido o cancelado: el 70% recortó sus salidas a comer comparado con 2024, a la vez que el 69% disminuyó sus gastos en bebidas alcohólicas y en golosinas o chocolates. Asimismo, 7 de cada 10 dejó de usar taxis o apps de transporte y el 67% relegó asados con amigos o familia.
Según la misma fuente, para el 29% de los encuestados su consumo se mantuvo estable respecto del año previo mientras que un 63% señaló que se mantuvo en un nivel bajo o se agravó la caída. Apenas un 8% registró una expansión.
Pese a que la gestión que encabeza Javier Milei impuso un enorme sacrificio a la población con la promesa de “terminar” con la inflación, el problema persiste mientras cada vez más población se queda sin empleo, con menor poder de compra de ingresos y mayor recorte de derechos. En detalle, en los primeros dos años del Gobierno se perdieron 270.852 puestos asalariados formales (SIPA). El sector privado fue el más golpeado (-176.000 fuentes de trabajo), con una aceleración de la destrucción de puestos en los últimos meses del 2025.
Una de las actividades más golpeados es justamente la que más empleo genera en la economía: la industria perdió más de 60.000 puestos desde fines del 2023. En correlato, en este tiempo 20.134 unidades productivas cerraron la persiana (SRT), siendo afectadas 23 de las 24 jurisdicciones (excepto Neuquén). Las más damnificadas fueron Buenos Aires (-5.335), CABA (-2.397), Córdoba (-3457) y Santa Fe (2.238).
Estos datos explican, a su vez, las pocas expectativas de mejoras que las familias tienen respecto de su situación laboral: 4 de cada 10 manifestó una perspectiva laboral negativa (+7 puntos versus el primero trimestre del 2025, según Moiguer) en tanto que el 51% sumó horas laborales, un nuevo empleo, o algún emprendimiento (+5 puntos) para intentar reforzar los ingresos del hogar en una coyuntura donde la tasa de trabajadores informales escaló al 43,2%.
En materia de ingresos, la pérdida de poder adquisitivo expone, con crudeza, las condiciones de una sociedad donde se necesitan al menos cuatro salarios mínimos para evitar caer en la pobreza ($1.300.000), pero donde, el 70% del conjunto de los trabajadores percibe un sueldo inferior a $1.000.000 por mes. A su vez, la única categoría laboral que logra incrementar el empleo –según los últimos datos oficiales- es aquella que genera los peores ingresos (cuentapropismo informal).
“Desde que Milei asumió al frente del Ejecutivo todos los trabajadores activos y pasivos sufrieron una enorme pérdida de ingresos”, indicaron desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Desde diciembre de 2023 cada trabajador registrado en el sector privado perdió, en promedio, casi dos millones de pesos ($1.835.147), y el poder de compra de ese ingreso cayó 5% debajo del nivel previo al gobierno libertario. La situación es mucho más alarmante para los estatales, que quedaron 19% por debajo del poder de compra de fines del 2023 con un salario que lleva ya un año estancado. Cada trabajador del sector público perdió, en promedio, 9,3 millones de pesos acumulados desde que gobierna La Libertad Avanza (LLA).
Asimismo, según dicho centro de estudios, la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023 (inicio de la actual gestión nacional). Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei, cifra que se duplica si se considera lo ocurrido desde el gobierno de Mauricio Macri a la fecha.
Pese a esta realidad, el Gobierno Nacional buscará avanzar desde febrero con su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la paradoja es evidente: se impulsa una reforma laboral para “generar empleo” en un modelo económico que, como evidenciaron hasta ahora los propios datos oficiales, no hizo más que frenar el crecimiento y profundizar la destrucción de puestos de trabajo, con un deterioro sostenido de las condiciones de vida para la mayoría de las familias.
El proyecto del oficialismo avanza sobre tres ejes principales: recorta derechos adquiridos, amplía la discrecionalidad empresarial y limita el accionar sindical, y desfinancia la seguridad social. El objetivo de fondo, advierten especialistas, es una mayor precarización, aun cuando la evidencia histórica y reciente muestra que la creación de empleo depende centralmente del nivel de actividad económica y no de la flexibilización de las normas laborales.
El peso “oculto” de los servicios
La medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) subestima actualmente el peso de los servicios y regulados en el gasto de los hogares al tomar como referencia consumos de hace dos décadas atrás. De hecho, se estima que la inflación del año pasado hubiera sido mayor con el nuevo IPC que el INDEC lanzará en febrero próximo cuando comience a tomar como base la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, el reemplazo de la realizada en 2004/05.
Lo anterior no es menor si se tiene en cuenta que la inflación cerró 2025 con fuertes diferencias entre los distintos componentes del índice en el marco de una fuerte reestructuración de precios relativos que encareció, sobre todo, los servicios y gastos regulados, impactando en el bolsillo de las familias y en el ingreso disponible del hogar. Así, mientras el nivel general creció 31,2% en el año, el rubro Educación se disparó 52,3%, Vivienda, servicios y combustibles (+41,6%) y puntualmente los alquileres superan el 70% de alza, el Transporte escaló 32,0%, Comunicación, (+35,0%), Restaurantes y Hoteles (+42,2%), Bienes y Servicios varios (+32,9%) y hasta los Alimentos y Bebidas se aceleraron al cierre del año y terminaron con una suba mayor promedio (+32,2%).
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Como resultado, creció de forma sostenida el peso de los servicios en las economías domésticas. “El cambio en la estructura de precios relativos -particularmente tarifas y servicios- redefine la canasta efectiva de consumos no alimentarios. Por eso, aunque la inflación sea modera, los hogares no necesariamente perciben una mejora equivalente en su capacidad adquisitiva”, aseguraron desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). En esa línea, el peso de las tarifas de servicios en los gastos familiares se cuadruplicó en la gestión actual, a la vez que en enero se anunció un nuevo aumento (+2,5%) para las tarifas de luz.
Las tarifas de servicios públicos son el rubro que más ha aumentado desde el cambio de gestión, superando a la inflación y casi cinco veces por arriba de la actualización de los salarios. Sin embargo, los aumentos no impactan a todos por igual: los más perjudicados son los hogares de ingresos medios ya que en diciembre de 2025 tuvieron tarifas 275,3% más altas que en noviembre 2023 en términos reales. Así lo señaló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) que explicó que la tarifa que deben pagar estos hogares hoy es de $50.697, mientras que un hogar de ingresos altos -con el mismo consumo mensual- paga una tarifa del $51.289. Entre los hogares de ingresos bajos también hubo una fuerte suba de las tarifas (113% en términos reales contra noviembre de 2023), no obstante “los hogares de ingresos altos las tarifas de luz subieron solo 21,9%”.
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Otro aspecto relevante tiene que ver con el acceso a recursos de salud, que da cuenta de la privación o no en bienes y servicios básicos asociados al cuidado de la salud. “Persisten barreras económicas para acceder a atención médica, odontológica y medicamentos, especialmente entre hogares de estratos bajo y muy bajo. La situación se agrava en personas mayores, donde se observa una combinación de erosión de ingresos previsionales y creciente necesidad de cuidados”, alertó el informe de los UCA.
Por último, mientras el Gobierno Nacional celebra una supuesta “normalización económica” y la baja inflacionaria, las familias transitan un ajuste que se expresa en la mesa, en la salud y en el futuro. El cambio en la “forma de consumir” al que alude el propio presidente Milei es, en los hechos, la traducción cotidiana de ingresos que no alcanzan, derechos que se erosionan y deudas que se disparan, a la par que crece la desigualdad social.