jueves, 22 de enero de 2026 00:00
Mediante una resolución administrativa dada a conocer por el Gobierno Nacional que conduce el presidente Javier Milei, se fijaron los nuevos criterios que se deberán tener en cuenta para designar cargos públicos en los organismos nacionales.
Así, mediante la Decisión Administrativa 1/2026 publicada en el Boletín Oficial y emitida por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, el Gobierno reforzó los reglas para la designación de cargos públicos en todos los organismos del Estado. La medida oficializó el nuevo esquema establecido en el Presupuesto 2026.
De acuerdo a lo publicado por El Cronista, la decisión argumenta que: “Resulta necesario establecer la instancia y autoridad competente para disponer la incorporación, homologación, reasignación y derogación de cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep)“. La medida también alcanza a cargos similares correspondientes a los demás Convenios Colectivos de Trabajo Sectorial que rigen al personal que revista en la Administración Pública Nacional.
En el artículo 2 de la mencionada Decisión Administrativa se establece que todos los organismos deberán informar de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza, modalidad de implementación, cualquiera sea su fuente de financiamiento.
Si alguna dependencia incorpora cargos o modifica su estructura, deberá justificarlo y presentar un informe de costos y financiamiento antes de recibir aprobación. Además, mencionan que toda cobertura de vacantes deberá contar con un certificado que demuestre que el puesto está realmente libre y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, lo que limita nuevas incorporaciones sin respaldo presupuestario.
En otro artículo, se estipula que cualquier modificación en puestos ejecutivos requerirá la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con la aprobación final del presidente Javier Milei. Además, cada pedido debe incluir un análisis de costos y su financiamiento.