A pesar de los pataleos de los popes gremialistas, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, y ya con media sanción en el Senado, no pudo desarticular el principal músculo económico del sindicalismo argentino: el aporte solidario a los gremios se mantendrá con un tope del 2%, no se rebajarán las cargas para las obras sociales y la cuota sindical seguirá con retención automática. Fue la concesión que tuvo que hacer la Casa Rosada para no confrontar con la Confederación General del Trabajo (CGT). Al menos por dos años más, la “caja sindical” gozará de buena salud.
Como suele suceder con estas iniciativas que dividen aguas en la política, el proyecto de ley de “Modernización Laboral” se aprobó en la madrugada del jueves pasado en la Cámara alta nacional luego de 14 horas de debate y más de 40 oradores. El resultado final fue de 42 votos a favor y 30 en contra. Afuera del Congreso, como era de esperar, hubo fuertes manifestaciones e incidentes que terminaron con medio centenar de detenidos.
La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Por Catamarca, los senadores Lucía Corpacci y Guillermo Andrada se pronunciaron en contra, mientras que el radical Flavio Fama votó a favor.
La norma promueve cambios en las relaciones de trabajo, el vínculo con los sindicatos y un blanqueo laboral. “La reforma laboral tiene media sanción. Ahora sí: un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos. A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina. Estamos a un paso de un cambio histórico para la Argentina: basta de informalidad y estancamiento”, expresó Patricia Bullrich, principal espada oficialista en el cuerpo.
Para avanzar con el proyecto, el Gobierno nacional debió resignar 28 artículos del texto original y negociar con dos grandes polos de poder. Por un lado, con los gobernadores que lograron la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las arcas provinciales.
Por otro, con los principales gremios de la central obrera, que lograron conservar intactos los recursos de las obras sociales sindicales, sostener las cuotas solidarias y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical. Es sabido que si fuera por expresa voluntad de los trabajadores, los aportes sindicales disminuirían a niveles catastróficos.
Aunque, como es obvio, los gremios no expresaron su conformidad con todo, consiguieron mantener en 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Además, permanece vigente la cuota “solidaria” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope bajará al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias.
A diferencia de las cuotas sindicales que pagan los trabajadores que deciden afiliarse a la entidad, el aporte “solidario” es un descuento establecido en un convenio colectivo, que puede aplicarse a todos los trabajadores alcanzados por ese convenio, estén afiliados o no. Se llama “solidario” porque se considera una contribución de quienes se benefician de la negociación colectiva.
Quizás la derrota más importante para el sindicalismo fue la eliminación de la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos, que implica que cada uno de los convenios tiene un tiempo de duración y si no hay nuevo, se mantiene el actual. Pero el proyecto aprobado, por el contrario, prioriza los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales.
El texto aprobado establece que en el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociarlos. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el Ejecutivo podrá decretar la suspensión cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.
Negociaciones complicadas
Pero Milei no fue el primer presidente, y tal vez no sea el último, en ceder a la presión sindical. En rigor, la experiencia histórica muestra que ninguna modificación profunda del sistema laboral prosperó sin algún grado de negociación con la CGT.
En la presidencia de Raúl Alfonsín hubo intentos de concertación social en medio de la crisis inflacionaria. En la década del ‘90, con Carlos Menem, se implementaron reformas laborales con fuerte resistencia pública, pero hubo una negociación paralela que permitió preservar el “status quo” sindical. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri intentó avanzar con un proyecto consensuado con sectores de la CGT, aunque finalmente quedó diluido por la conflictividad social.
En esta ocasión, el primer paso de la reforma laboral, ya que aún resta que Diputados complete la sanción, se dio en el marco de un vínculo ambiguo entre la gestión libertaria y los gremios. Si bien la CGT activó su primer paro general a 45 días de la asunción de Milei para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, con el cual el Ejecutivo buscó cambiar las reglas de juego laborales sin pasar por el Congreso, después sobrevino una etapa de diálogo y entendimiento.
Tal “pacto de convivencia” alcanzó su cima cuando los diputados libertarios quitaron su apoyo a la UCR y PRO para avanzar en el Congreso con los proyectos de ley que buscaban limitar el poder de los sindicatos. Ni los radicales ni los macristas, hoy aliados al oficialismo, se atrevieron a denunciar con firmeza tal resignación.
Al fin y al cabo, el patrón en el vínculo gobierno-sindicatos es recurrente: a la confrontación discursiva inicial le sigue la negociación institucional y termina con acuerdos parciales que favorecen a ambas partes.
La actual reforma laboral se inscribe en esa tradición. La diferencia radica en el contexto macroeconómico: inflación baja pero persistente, fuerte caída del poder adquisitivo del salario y necesidad del Gobierno de mostrar señales positivas ante inversores.
Posturas enfrentadas
Cuando se conocieron los principales puntos de la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los asesores que el Presidente más escucha, había asegurado que la intención era “desarticular” a los gremios y aludió a “peajes” al referirse a los aportes solidarios, que se mantendrán igual hasta 2028, aunque con un tope de 2%.
Para los gremios convocados a opinar sobre la iniciativa, tocar la “caja” implicaba debilitar la representación colectiva, fragmentar el poder de negociación y generar sindicatos “de papel” sin estructura real. Y por lo tanto, consideraban que la discusión era más política que economicista o contable.
Los empresarios, en cambio, sostuvieron que los aportes obligatorios encarecen la contratación de trabajadores; que la voluntariedad en el pago fortalecería a los sindicatos al tener un respaldo genuino, y que además reduciría distorsiones en sectores con baja afiliación.
Desde el Poder Ejecutivo, finalmente, se defendió que la reforma apunta a dinamizar el empleo formal y llevó tranquilidad a la CGT respecto a que en esta etapa el financiamiento sindical no iba a ser tocado. Eso sí, dejó abierta la puerta a la búsqueda futura de mayor transparencia y voluntariedad.
¿Cuál hubiera sido el impacto de eliminar los aportes solidarios en la caja sindical? En gremios con alta proporción de trabajadores no afiliados, ese aporte representa entre 30% y 50% de sus ingresos operativos.
Es improbable que la Cámara baja, donde el oficialismo tiene mayoría más garantizada que en Senado, modifique el eje de la reforma laboral en lo que respecta al financiamiento de las entidades sindicales. Fundamentalmente porque no es decisión del Gobierno nacional.
Por lo tanto, habrá que asumir que por un tiempo Argentina deberá seguir siendo testigo de esta enorme e irracional paradoja que significa tener gremialistas crónicos, poderosos y millonarios en un extremo, y trabajadores pobres y obligados por ley a enriquecer a sus representantes, por otro.