No debería haber mayores inconvenientes para que la Legislatura sancione en marzo las reformas del Código Procesal Penal tendientes a regular institutos relacionados con la libertad de sospechosos encartados y la posibilidad de extinguir causas por conciliaciones entre partes.
Las lagunas en la ley que rige los procedimientos penales en la Provincia quedaron escandalosamente en evidencia en diciembre de 2024, a raíz del sobreseimiento de cuatro sujetos que habían protagonizado un asalto violento contra uno de los procesados por las criptoestafas perpetradas en la financiera “RT Inversiones”.
Más allá de las sospechas que impregnaron el caso y de que la sentencia que clausuró el expediente todavía no está firme, los dos magistrados involucrados -el ex juez de Garantías Rodolfo Maidana y el fiscal Hugo Leandro Costilla- alegaron en su defensa que la conciliación entre víctimas y victimarios de delitos está contemplada en el Código Penal, pero no reglamentada en el de Procedimientos provincial, lo que los habilitaba para ejercitar sus criterios jurídicos sin restricciones.
Desde el punto de vista de Maidana y Costilla, las “absoluciones pagas” obedecieron menos a unas consideraciones más bien livianas sobre sus posibles consecuencias, que a la negligencia del Poder Legislativo, que no excluyó de los asaltos violentos de los delitos de cuya persecución judicial podía desistirse si agresores y agredidos se ponían de acuerdo.
El Gobierno convocó a extraordinarias para tratar reformas parciales al Código Procesal Penal que también propone la oposición El Gobierno convocó a extraordinarias para tratar reformas parciales al Código Procesal Penal que también propone la oposición
El argumento podrá ser discutible, de hecho la mayoría de la Sala de Doble Conforme de la Corte de Justicia no quiso convalidarlo cuando derivó la causa a la Justicia de Garantías, pero la defección parlamentaria es clara.
En la Legislatura hay dos iniciativas que apuntan a resolverla. Una es un proyecto de ley específico para las absoluciones pagas presentado por una ex diputada del radicalismo; la otra, una propuesta en el mismo sentido, pero más integral, elaborada por el Ministerio Público Fiscal.
A esto se sumó hace unas semanas la reactivación de la idea de restringir el acceso a la excarcelación para los acusados que tengan más de una causa penal abierta, que los sectores libertarios promueven como ley de “reiterancia delictiva” para terminar con “la puerta giratoria”.
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 31 de marzo para tratar reformas al Código Procesal Penal y la creación de un banco de Datos Genéticos en el ámbito del Poder Judicial. Quiere decir que oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de revisar al menos parte del sistema penal vigente, independientemente del provecho que cada uno pretenda, y pueda, sacar del tema. Las condiciones políticas para una sanción rápida están dadas.
La introducción de la propuesta que el Ministerio Público giró a la Legislatura marcan el alcance que podría tener esta convergencia: “Las modificaciones representan una importante actualización normativa que dotará al procedimiento local de un conjunto de mecanismos alternativos de solución al conflicto penal de los que hoy carece. Estos podrán ser aplicados en procura de alcanzar una salida en etapas tempranas del proceso, permitiendo con ello descongestionar y refuncionalizar los recursos del sistema de persecución penal el cual presenta signos evidentes de sobrecarga, precisando incorporar y fortalecer las estrategias operativas para alcanzar un mejor servicio de justicia tangible a la comunidad”.
El escrito está disponible para los legisladores desde abril del año pasado. Capaz que en este marzo se sacuden las itas.