martes, 17 de marzo de 2026 14:09
Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos y vínculos empresariales de su consultora +BE con compañías que mantienen relaciones comerciales con el Estado.
La presentación recayó en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez Ariel Lijo, y plantea la posible existencia de conflictos de intereses a partir de la relación entre empresas privadas, organismos estatales y el entorno familiar del funcionario.
El escrito judicial sostiene que debería analizarse un posible circuito de relaciones comerciales que involucra a compañías proveedoras del Estado y a la consultora vinculada a la esposa de Adorni.
El eje de la denuncia
Según la presentación, podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal YPF, la empresa naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti.
La denuncia señala que la naviera, controlada por la familia Virasoro y dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, mantiene contratos con la petrolera desde hace décadas.
En ese contexto, el escrito indica que la consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a directivos de la empresa en tres oportunidades: el 6 y el 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos.
Para Pagano, ese vínculo comercial podría configurar un retorno indirecto de fondos hacia el entorno familiar del funcionario, quien actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado.
Desde la empresa naviera respondieron que su relación contractual con la petrolera se mantiene desde hace 28 años y señalaron que Adorni fue designado director en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las capacitaciones mencionadas.
La denuncia incorpora además otro capítulo vinculado con la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para su explotación durante 25 años, bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Entre las empresas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio. Según la denuncia, ese grupo también sería cliente de la consultora +BE.
El expediente menciona además a Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia, área que depende de Karina Milei. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y, según la presentación, seguiría vinculada a la empresa como apoderada.
El escrito también menciona al Grupo Datco, empresa tecnológica que presta servicios a distintos organismos estatales —entre ellos Banco Central de la República Argentina, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas— y que, según la denuncia, también habría sido cliente de la consultora.
Otro apartado de la denuncia se refiere a licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación.
El escrito menciona una adjudicación superior a 3.650 millones de pesos en la que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA. Según la presentación, ambas firmas tendrían vínculos societarios o laborales previos entre sus directivos y compartirían domicilio con otras compañías en el barrio porteño de Parque Patricios.
También se señalan posibles conexiones entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, empresas que, según la denuncia, podrían estar controladas por la misma familia, lo que para la denunciante podría implicar una “simulación de competencia” en procesos licitatorios.
La presentación solicita además que la Justicia investigue la evolución patrimonial de Manuel Adorni, al sostener que su salario como funcionario se mantiene en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.
Pagano también menciona la existencia de deudas con acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario, y plantea que el esquema descripto podría guardar similitudes con los casos judiciales Hotesur case y Los Sauces case, en los que se investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado.
La Justicia federal deberá ahora determinar si los vínculos señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de intereses o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.