El otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios generó un debate político. Mientras el oficialismo asegura que se trata de una política pública accesible, la oposición presentó pedidos de informes para analizar posibles irregularidades.
El programa de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina se encuentra en el centro de una polémica política luego de que se conociera una lista de funcionarios y legisladores que accedieron a estos préstamos. Sectores de la oposición denunciaron posibles privilegios, mientras que el Gobierno y la entidad bancaria rechazaron cualquier irregularidad.
El presidente Javier Milei defendió la política de financiamiento a través de sus redes sociales, relativizando las críticas y afirmando que los créditos aplican para muchos miembros de la ‘casta política’. Desde el Banco Nación aseguraron que las líneas de crédito están disponibles para empleados del sector público y que no existen excepciones, remarcando que ‘el que califica, accede’. En un comunicado, definieron al programa en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) como una herramienta clave para el acceso a la vivienda.
Según datos oficiales, nueve de cada diez préstamos hipotecarios UVA en el país son otorgados por el Banco Nación, que superó los 27.000 créditos desde el relanzamiento de la línea. Su alcance se explica, en parte, porque más del 95% de los empleados públicos elige a esta entidad para operar sus cuentas sueldo.
La controversia escaló tras la difusión de nombres de beneficiarios vinculados al oficialismo. El diputado opositor Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer los mecanismos de otorgamiento y control de estos préstamos.
Entre los señalados, el diputado de La Libertad Avanza Mariano Campero explicó que accedió en mayo de 2025 a un crédito por 275 millones de pesos para comprar su primera vivienda en Tucumán, negando haber recibido beneficios especiales. Detalló que, por la actualización UVA, su deuda actual asciende a 322 millones de pesos.
Además de Campero, la lista incluye a otros funcionarios y legisladores oficialistas, lo que incrementó la presión política. Mientras el oficialismo insiste en que no hubo trato diferencial, la oposición busca avanzar con investigaciones para determinar si existieron beneficios indebidos en un contexto económico sensible.