En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores provincial convirtió en ley dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, destinados a modernizar la investigación penal y ajustar los criterios para la prisión preventiva.
La Cámara de Senadores de Catamarca, en su tercera sesión extraordinaria del jueves y bajo la presidencia de Ramón Figueroa Castellanos, otorgó sanción definitiva a dos proyectos de ley con media sanción previa de Diputados. Las iniciativas, remitidas por el Poder Ejecutivo, son la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados y una modificación parcial del Código Procesal Penal.
La Ley N° 5935 establece la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BPGD) dentro del ámbito del Poder Judicial. Su objetivo será la obtención, almacenamiento y custodia de perfiles de ADN, conforme a la normativa vigente. Las tareas estarán a cargo del Laboratorio Satélite Forense y se realizarán en laboratorios públicos del Poder Judicial o del Ministerio Público, prohibiéndose la tercerización integral a entidades privadas salvo casos excepcionales. El banco buscará contribuir al esclarecimiento de delitos, facilitar la identificación de personas y evitar la contaminación de evidencia.
Durante el debate, la senadora Carolina Casas, miembro informante, calificó el proyecto como «necesario, oportuno y positivo», enfatizando que su implementación debe resguardar los derechos constitucionales. Por su parte, la senadora Pamela López destacó la importancia de avanzar en herramientas tecnológicas que respeten los derechos individuales.
Por otro lado, mediante la Ley N° 5936, se modificaron los artículos 280 y 292 del Código Procesal Penal, relacionados con la prisión preventiva. La reforma incorpora pautas objetivas para que los magistrados evalúen con mayor precisión el riesgo procesal, introduciendo criterios para valorar el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El senador Guillermo Ferreyra señaló que «la seguridad y la justicia deben concebirse siempre en el marco de la Constitución» y que mejorar el sistema judicial impacta en la calidad de vida. Aclaró que la iniciativa no altera el carácter excepcional de la prisión preventiva, sino que busca dotar al sistema de herramientas más claras y eficaces.
Según sus fundamentos, ambas leyes apuntan a fortalecer el sistema judicial provincial, optimizar la investigación penal y consolidar la seguridad jurídica, garantizando el respeto de los derechos humanos.