Un proyecto de ley busca crear el programa Entornos Urbanos Seguros, que prioriza la accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad, e incluye un recargo impositivo para inmuebles abandonados.
El diputado provincial Eduardo Andrada presentó una iniciativa legislativa para crear el programa Entornos Urbanos Seguros (EUS) en Catamarca. El objetivo es que el Estado financie y ejecute obras de reparación de veredas, puesta en valor de fachadas con relevancia arquitectónica y saneamiento de inmuebles urbanos en desuso, priorizando la seguridad de adultos mayores y personas con discapacidad.
«El deterioro de las veredas, la existencia de inmuebles en estado de abandono y la proliferación de baldíos sin mantenimiento se han transformado en barreras arquitectónicas que segregan a nuestros adultos mayores y en focos de inseguridad y riesgos sanitarios», fundamentó el legislador en el proyecto.
La propuesta establece como prioridad la intervención en los frentes de viviendas habitadas por adultos mayores de 65 años o más, o por personas con discapacidad debidamente acreditadas. Andrada aclaró que esta prioridad «no constituye un trato discriminatorio respecto del resto de la ciudadanía, sino una acción positiva de asistencia social».
El programa funcionaría mediante convenios de colaboración entre la Provincia y los municipios que adhieran. Según se detalla, el Estado Provincial cubriría el 100% del costo de los materiales, mientras que el municipio aportaría la mano de obra para la ejecución y supervisión, quedando el frentista eximido de cualquier cargo por la mejora realizada.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un recargo impositivo del 50% sobre el Impuesto Inmobiliario Provincial para aquellos inmuebles situados en radios urbanos consolidados que presenten estado de abandono, peligro de derrumbe, falta de cerramiento perimetral o malezas persistentes. Este recargo se fundamenta en «el incumplimiento de la función social de la propiedad y el riesgo cierto a la salud pública y seguridad ciudadana».
El recargo podría suspenderse si el propietario realiza las obras necesarias de cierre, limpieza y mejoras de fachada, o si suscribe un convenio de Cesión de Uso Temporal con el Municipio o la Provincia por un mínimo de 24 meses, período en el que el inmueble quedaría exento del 100% de impuestos provinciales.
En cuanto al financiamiento del programa, el diputado sugirió tres posibles fuentes: partidas presupuestarias específicas asignadas anualmente, lo recaudado por el recargo impositivo a inmuebles abandonados, y fondos provinciales, nacionales o internacionales destinados al desarrollo urbano sostenible.