Una resolución judicial busca que las familias respondan económicamente por las falsas alarmas, con el objetivo de desalentar estos episodios en aumento.
El Departamento Judicial de Mar del Plata determinó que los padres de los alumnos responsables de amenazas contra establecimientos educativos deberán hacerse cargo de los gastos de los operativos policiales que dichos hechos desencadenan. La medida, impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, ya se encuentra en aplicación en toda la jurisdicción.
Según informaron fuentes judiciales, en la región se han registrado al menos diez casos recientes de amenazas a escuelas. En uno de ellos, un adolescente de 17 años fue imputado por el delito de intimidación pública. Las investigaciones también analizan si estos episodios guardan relación con desafíos virales o conductas replicadas a través de redes sociales, lo que podría explicar su propagación entre los jóvenes.
Desde el ámbito judicial señalaron que la iniciativa no solo tiene un carácter sancionatorio, sino que también apunta a generar conciencia en las familias sobre la gravedad de estas acciones, las cuales movilizan recursos de seguridad y alteran el normal desarrollo de las actividades educativas.