Un informe señala que una porción significativa de la recaudación del impuesto a los combustibles, destinada por ley a las provincias, no habría sido transferida en su totalidad.
Según datos analizados, más del 60% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ser transferido a las provincias bajo diferentes conceptos. Sin embargo, se indica que el Gobierno nacional retendría esos fondos. Las estimaciones sobre el impacto financiero para las provincias durante el año pasado calcularían una cifra cercana a los 3 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 2.000 millones de dólares. La estructura del precio final del combustible pone en evidencia la magnitud de los montos involucrados en esta distribución.