Estudiantes, docentes y rectores reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la tensión con el Gobierno nacional.
Miles de personas se movilizaron en todo el país en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei. La protesta, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, tuvo como epicentro la Plaza de Mayo y réplicas en distintas provincias.
El reclamo principal apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente en manos de la Corte Suprema. Desde el sector universitario denuncian que las transferencias nacionales cayeron un 45,6% desde 2023, lo que afecta salarios, becas, investigación e infraestructura.
El Gobierno nacional, a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la protesta como “completamente política” y ratificó que no aplicará la ley, argumentando que carece de financiamiento específico y compromete el equilibrio fiscal. En tanto, las autoridades universitarias sostienen que la norma fue ratificada por el Congreso y validada en instancias judiciales.
La movilización contó con el respaldo de gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba), así como de sectores políticos opositores y sindicatos. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que el ajuste pone en riesgo el funcionamiento de las universidades y remarcó que el conflicto excede la discusión salarial.
Capital Humano anunció la creación de una comisión para redefinir el reparto de fondos destinados a hospitales universitarios, con foco en la UBA. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá resolver el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo nacional sobre la aplicación de la ley.