El Gobierno nacional extendió la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027, ante la persistencia de condiciones “críticas”, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La extensión de la emergencia del Sector Energético Nacional abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, con el objetivo de garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público en un contexto de vulnerabilidad técnica y financiera.
La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, lo que se evidencia en informes que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.
El texto oficial detalló que “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”. Asimismo, puntualizó que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas”, ya que “opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%”.
El decreto hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema. Indicó que la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97%, pero aún existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios.
A mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento. El Gobierno sostiene que con la emergencia busca permitir una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “evitando impactos abruptos” en los sectores más vulnerables.
La decisión de extender la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2027 busca equiparar los plazos con la emergencia de transporte y distribución de gas natural. El Ejecutivo explicó que una interrupción de la emergencia “podrían producirse discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.