La Conadu Histórica convocó a un congreso para el 5 de agosto, donde se definirán posibles paros si el Gobierno nacional no cumple con la medida cautelar que ordena aumentar salarios y becas.
Los docentes y no docentes universitarios continúan a la espera de que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso del Ejecutivo, obligándolo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen aumentos salariales y actualización de becas estudiantiles.
Sin embargo, esos incrementos no se han materializado debido a que la Justicia no dictó una sentencia definitiva por el inicio de la feria judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado, sin éxito, la habilitación de la feria para continuar el trámite.
Fernando Morales, secretario general de la Conadu Histórica, declaró en el programa Mañana Central de Ancasti Streaming que el gobierno de Javier Milei utiliza un acta acuerdo firmada en junio pasado para dilatar el cumplimiento de la cautelar. «Se juega a dilatar de forma administrativa y judicial el no cumplimiento de la cautelar», afirmó.
El acta acuerdo establece un aumento del 24,3% en dos cuotas: 21,3% en junio y 3% en octubre. Morales señaló que ese porcentaje no está vinculado a la Ley 27795 ni a la cautelar, y que si se aplicara la actualización por inflación dispuesta por la ley, los sueldos deberían haber aumentado un 56% en junio, lo que implicaría una suba adicional del 29%.
Respecto al inicio del segundo cuatrimestre, Morales adelantó que el 5 de agosto se realizará el Congreso Nacional de Conadu Histórica para definir medidas de fuerza. «Evidentemente, si no se cumple la cautelar, vamos a volver a las medidas de fuerza», sostuvo.
Antecedentes de la ley
En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía una actualización del presupuesto universitario y salarios docentes según la inflación desde fines de 2023. En septiembre, el presidente Milei vetó la ley. En octubre, la oposición reunió los votos para rechazar el veto, obligando al Ejecutivo a promulgar la norma. Sin embargo, el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que suspendía su ejecución hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.
El CIN inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto y solicitó una medida cautelar para que se cumplan los artículos 5 y 6 mientras se resuelve la cuestión de fondo. La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó, aunque en mayo se suspendió hasta que la Corte Suprema resolviera el pedido del Ejecutivo.