El Gobierno nacional impulsa cambios normativos sobre la propiedad rural y la industria editorial. Organizaciones civiles y sectores culturales expresan preocupación por el impacto en la soberanía territorial y la bibliodiversidad.
El tratamiento de dos leyes que regulan la propiedad de tierras rurales y la comercialización de libros ha generado debate en la Argentina. Se trata de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, que limita la compra de campos por parte de extranjeros, y la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera.
La Ley de Tierras establece un tope máximo de 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial o departamental. Prohíbe la compra de espejos de agua y zonas de frontera. El porcentaje se reguló en 2011, luego de que un rabino estadounidense comprara 200 mil hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja.
Un informe del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias afirma que el 5% del territorio del país está en manos de firmas o estados extranjeros, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas. La ley se incumple en 36 departamentos de distintas provincias. La venta a extranjeros supera el 50% en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta).
En Catamarca, Tinogasta es el departamento con mayor porcentaje de tierras en manos foráneas, con un 27%, según un informe de El Ancasti del 27 de julio de 2026. Los porcentajes más altos de extranjerización en el país se hallan en zonas donde existen reservas mineras o de recursos hídricos y en territorios con ventajas logísticas, como puertos o vías navegables. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.
En Catamarca, el caso de Los Poquiteros es recordado. La empresa compró a fines de 2003 unas 116.290 hectáreas en el departamento La Paz. Esta operación generó un conflicto por el desplazamiento de familias que vivían allí desde largas generaciones y se dedicaban a la actividad rural. La venta afectó entre 170 y 300 familias de pequeños productores en parajes como El Quimilo, El Silo y San Isidro. Los pobladores denunciaron a la empresa por alambrar tierras, deforestar y amenazar su arraigo histórico. La justicia provincial emitió resoluciones que frenaron el avance de la corporación. Un juez de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo dictó en 2016 tres sentencias a favor de las comunidades campesinas, reconociendo el derecho de posesión veinteañal y el arraigo histórico de las familias.
Según el mismo informe, en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 modificó la aplicación de la Ley de Tierras. El decreto flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero. Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología. En 2023, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154. Sin embargo, en enero de 2024, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó un amparo que logró frenar provisoriamente la derogación en la justicia.
En relación con la Ley del Libro, la Cámara Argentina del Libro y nucleamientos culturales plantearon su preocupación por la posible derogación de la norma, en medio de una serie de medidas que prepara el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Desde 2001, la norma establece un sistema de precio único de venta al público, que asegura que un libro cueste lo mismo en cualquier punto del país, ya sea en una gran cadena o en una librería independiente. Preocupa el posible cierre de librerías independientes y pequeñas editoriales ante la competencia desigual que se generaría con grandes cadenas de librerías y supermercados.
“Ningún integrante de la cadena de valor del libro ha denunciado ni manifestado la necesidad de modificar esta ley. Ni siquiera las grandes cadenas tradicionales ni los gigantes editoriales internacionales”, afirmó el librero Naim Garnica, en un informe de Nehuén Vásquez (El Ancasti, 27 de julio de 2026). La escritora María del Rosario Andrada sostuvo que la desregulación es “un golpe a la cultura nacional y la identidad regional”, ya que dejaría de protegerse el ecosistema de las editoriales. El escritor Víctor Aybar, de El Guadal Editora, declaró que “la desregulación está escondiendo la mano oscura de corporaciones como Mercado Libre”.