Un informe detalla cómo la difusión de información falsa en redes sociales contribuyó al ingreso masivo de personas en Ceuta durante julio. Las autoridades españolas registraron entre 50.000 y 60.000 ingresos.
La crisis migratoria ocurrida en Ceuta durante los últimos días de julio fue atribuida por las autoridades españolas a la circulación de desinformación en redes sociales. Según datos del Ministerio del Interior de España, aproximadamente 50.000 personas ingresaron al enclave, mientras que el presidente de Ceuta elevó la cifra a 60.000, lo que equivale a cerca del 70% de la población total de la ciudad.
Una investigación publicada por la revista Wired reconstruyó que el detonante fue la tergiversación de un fallo judicial. El Tribunal Supremo español había aclarado a comienzos de julio que el procedimiento de rechazo en frontera no aplica a quienes ingresan por mar. Esa precisión técnica fue reinterpretada en redes sociales como una promesa de ingreso directo a Europa, aunque no garantizaba residencia, asilo ni traslado a la península.
La investigación citó medios marroquíes que describieron una campaña de movilización digital con convocatorias a horarios y puntos específicos, mapas de cruce y una sincronización con una fecha de alto significado simbólico en Marruecos. Las convocatorias se difundieron a través de WhatsApp, Instagram y Facebook.
La mayoría de las personas que cruzaron debieron afrontar trámites migratorios ordinarios. Un alto porcentaje regresó por voluntad propia a Marruecos tras pasar horas sin comida ni alojamiento. Las autoridades españolas confirmaron decenas de muertes por ahogamiento y aplastamiento en las aglomeraciones junto a la valla fronteriza.
El episodio evidencia la capacidad de movilización de las cadenas de WhatsApp y los videos virales, que no distinguen entre información verificada y rumor falso. En otros contextos, esa capacidad se ha vinculado con decisiones de voto, resistencias a políticas sanitarias, pánicos financieros y linchamientos mediáticos.
Estados, sistemas educativos, medios de comunicación y plataformas digitales enfrentan la responsabilidad de enseñar a distinguir entre información verificada y convocatorias virales. Las plataformas no pueden ampararse en la neutralidad tecnológica cuando sus algoritmos priorizan contenidos que generan indignación o urgencia sin verificar su veracidad.